Para precautelar la seguridad de las elecciones seccionales, del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y el referendo, la Policía Nacional activará un operativo con 52.000 efectivos.
El dispositivo policial en todo el país, para los comicios del 5 de febrero de 2023, iniciará desde el viernes 3 de febrero, a las 06:00. Así lo informó Fausto Salinas, comandante General de la Policía Nacional.
El oficial explicó que, más allá del proceso electoral, durante la jornada se mantendrá el patrullaje urbano de control antidelincuencial.
Además, antes, durante y después de las votaciones, habrá un operativo especial en 162 recintos electorales, ubicados en las localidades con índices de violencia e inseguridad más altos.
Se trata de las siete provincias que han sido ubicadas por la Policía Nacional en la denominada 'ruta de la droga':
- Guayas
- El Oro
- Esmeraldas
- Los Ríos
- Manabí
- Santa Elena
- Santo Domingo de los Tsáchilas
Una fuente de la Policía Nacional explicó a PRIMICIAS detalles del dispositivo especial en estas zonas del país. Según el uniformado, por el momento, no hay alertas o amenazas por parte de grupos delincuenciales relacionadas con la jornada electoral.
Sin embargo, los antecedentes violentos de estas provincias obligan a tener una planificación diferente. En estas zonas se han disparado los casos de sicariatos y ajustes de cuentas entre grupos ligados al narcotráfico.
Y, al menos en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, hay un componente adicional. El año anterior se registraron atentados narcoterroristas contra dependencias policiales y explosiones de carros bomba en sitios de concurrencia pública.
Normalmente, en cada uno de los más de 4.000 recintos electorales, la Policía despliega un contingente de unos 100 uniformados. Pero en estas 162 plazas se ha considerado el aumento de hasta en un 50% de agentes.
Además, si hay novedades, hay el contingente suficiente para incluir a más uniformados.
La principal estrategia de la Policía es ubicar en esos recintos a agentes de inteligencia policial. El objetivo es rastrear a posibles "blancos de interés". Es decir, presuntos miembros de las bandas delincuenciales que se acerquen a los recintos a votar, o a coordinar y cometer actos delictivos.
En esos casos, los uniformados tienen previstos protocolos específicos para detener a los sospechosos. También hay otro plan de acción en el supuesto de incidentes con explosivos o tentativas, que incluye la evacuación total de los recintos y la suspensión de la jornada.
Las acciones se coordinarán con Fuerzas Armadas (FF.AA.). Por ejemplo, se realizará el desplazamiento de unidades mantenimiento del orden (UMO) a sitios estratégicos, cercanos a los recintos conflictivos, para una intervención inmediata.
También estos uniformados actuarán donde pueda haber conflictos de tinte electoral. En este punto están considerados, entre otras, las direcciones del CNE y el centro de procesamiento de los resultados, en un hotel de Quito.
Además, la Policía brindará seguridad a los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así como a candidatos que lo hayan solicitado. Hasta el momento, el Ministerio del Interior ha recibido 12 solicitudes de custodia.
Por parte del sistema ECU-911, estarán habilitadas 7.437 cámaras de videovigilancia a escala nacional y 330 personas atenderán las llamadas de emergencia,
Otras responsabilidades policiales
Juan Zapata, ministro del Interior, recordó que parte de la responsabilidad de la Policía durante las elecciones será el traslado del material electoral. Lo llevarán desde y hasta los Centros de Rehabilitación Social, dónde votarán los presos sin sentencia. Y también donde las personas que se acogerán al voto en casa.
El voto de las personas privadas de libertad se dará en 35 prisiones del país y son 5.497 los internos habilitados para votar. Mientras que para el voto en casa son 711 los inscritos, para lo que se han determinado 110 rutas.
Otra de las responsabilidades de la Policía será controlar la ley seca que operará durante todo el fin de semana de las elecciones, 36 horas antes y 12 horas después.
Zapata aclaró que esto no implica que haya un toque de queda o que se impida la apertura de sitios de diversión, sino que no se puede consumir ni vender alcohol y quién lo haga será mutado con USD 225.
La Policía también estará a cargo de controlar actos proselitistas en los exteriores de los recintos electorales y que los votantes ingresen a estos predios sin armas.
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Nota actualizada a las 17:40 del 1 de febrero de 2023 con detalles del operativo en 162 recintos conflictivos.