Caso Metástasis: Daniel Salcedo y Christian Romero se acogieron al derecho al silencio

La Fiscalía avanzó el 2 de enero del 2024 con la toma de versiones y diligencias en el caso de supuesta delincuencia organizada denominado Metástasis, que involucra a exjueces, expolicías y exfuncionarios de alto nivel.

Daniel Salcedo y Christian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, asistieron a esta diligencia vía telemática, pero se acogieron al derecho al silencio y no hablaron de los chats que los vinculan con esta trama, reportó Teleamazonas.

En cambio, el exjuez de La Concordia, Ángel Lindao, otro de los procesados, acudió a la Fiscalía con su abogado. Aunque es investigado por devolver bienes a Norero, manifestó que es víctima de "linchamiento mediático".

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Según la fiscal General, Diana Salazar, Lindao vendió su sentencia, en junio de 2022, y mediante una acción de protección devolvió a Norero su mansión en Riveras del Batán, en Samborondón, pese a que no era su jurisdicción.

De acuerdo con un reporte de Ecuavisa, el exjuez Lindao se justificó diciendo que no sabía que el bien era de Norero porque estaba a nombre de otra persona.

"Se generó una confusión en redes sociales y se terminó, claro, un linchamiento mediático que terminó, por la presión mediática, con mi destitución. Es mi consciencia: yo no he recibido dinero de nadie", adujo Lindao.

Abogados de otros procesados y familiares del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, quien tiene prisión preventiva por esta causa, también acudieron a la Fiscalía para escuchar la versión de los investigados.

No obstante, quienes no se presentaron, pese a que también estaban citados, fueron Fabián Campuzano y Javier Jordán, este último radicado en Estados Unidos y cuyo nombre aparece en los chats como administrador de los bienes de Norero.

Para este miércoles, 3 de enero, se tiene previsto que la Fiscalía General del Estado vincule a ocho personas más, incluidos Salcedo, Romero, Jordán y Campuzano, a este caso. La audiencia será, a partir de las 10:50, en la Corte Nacional.

Los nuevos vinculados conforman el grupo que se fugó en medio del megaoperativo de diciembre pasado, en el cual se buscaba aprehender a 38 personas, pero solo se pudo capturar a 31. El juez Felipe Córdova decidirá si les dicta prisión preventiva.

Con esta ampliación, la etapa de instrucción fiscal se incrementaría de 90 a 120 días, es decir, habría un plazo mayor para recopilar pruebas en contra de los procesados.