De la ‘casa blanca’ de Fernández a las latas de atún de los Estrada: así se tomó Manabí el crimen organizado
Durante 23 años, desde la caída de César Fernández hasta el caso de los Estrada, el narcotráfico y bandas como Los Choneros cooptaron Manabí mediante magnicidios, sobornos en cortes de justicia y el control de entidades municipales y puertos.
Collage de políticos de la provicia de Manabí que han sido vinculados con el crimen organizado.
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Imagen de PRIMICIAS con fotos de Ministerio del Interior
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La captura en Panamá de Jaime Estrada Bonilla y su hijo Jaime Estrada Medranda, acusados de narcotráfico y tenencia de armas de fuego en Nueva York, evidenció -una vez más- el nivel de penetración criminal en las élites políticas y empresariales de Manabí.
El expediente estadounidense revela cómo una de las principales empresas pesqueras de Manta sirvió de plataforma para el envío de cocaína de las FARC hacia Norteamérica. Los Estrada habrían operado aliados a 'Patucho Celso', narcotraficante y financista de Los Choneros.
El caso de los Estrada se suma al de Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, quien ha sido presuntamente ligada a Los Choneros en el caso Digitador. La Fiscalía la procesó como líder de una red de corrupción que cobró USD 5 millones en coimas de tránsito, logrando medidas sustitutivas con grillete en 2026.
Sin embargo, la captura de los Estrada no constituye un hecho aislado en el perfil político de la provincia. La historia de la narcopolítica manabita arrancó hace 23 años con la caída del exgobernador César Fernández Cevallos. Desde entonces, la estructura mutó desde los cargamentos aéreos de los cárteles mexicanos hasta la cooptación de alcaldías, concejalías y cortes de justicia.
En las últimas dos décadas, Manabí enfrentó una seguidilla de crímenes, cobro de coimas en entidades de tránsito y manipulación de medidas judiciales.
César Fernández, la génesis y Sinaloa
El 23 de octubre de 2003, la Policía Antinarcóticos y la DEA ejecutaron el operativo Aniversario en Portoviejo. Los agentes allanaron la residencia de César Fernández Cevallos, su empacadora Fermasa y el hangar Aerofer en el aeropuerto Reales Tamarindos. En los inmuebles se hallaron 430 kilos de clorhidrato de cocaína valorados en USD 15 millones.
Fernández fue gobernador de Manabí durante la presidencia de Sixto Durán-Ballén, entre 1992 y 1996, y un próspero empresario avícola de la marca Pollos Papío y del sector camaronero.
En su mansión de Picoazá, conocida como la 'casa blanca', llegó a recibir a dirigentes de la FIFA en 1993. Tras afrontar problemas financieros y deudas bancarias, retornó al escenario público en la campaña electoral de 2002, apoyando la candidatura de Lucio Gutiérrez, quien terminó ganando la Presidencia de la República.
El arresto de Fernández desató un escándalo en el gobierno de Lucio Gutiérrez por un presunto aporte de USD 30.000 a la campaña de Sociedad Patriótica y por las visitas de su hermano Luis Fernández al Palacio de Carondelet.
Las investigaciones policiales detectaron cinco vuelos de aviones mexicanos hacia el hangar de Fernández, vinculando el cargamento a los cárteles de Juárez y Sinaloa, con 13 personas detenidas, entre ellas varios extranjeros.
El 23 de octubre de 2004, el Primer Tribunal Penal de Manabí sentenció a Fernández a 16 años de reclusión. Sin embargo, el 14 de abril de 2010 la Corte Nacional redujo su pena a 12 años y, tras una rebaja del 49% concedida por Rehabilitación Social, salió libre el 3 de mayo de 2010.
El 1 de agosto de 2012 fue recapturado en la operación Jaque Mate por el envío de 115,8 kilos de droga en contenedores desde el puerto de Guayaquil bajo la modalidad de gancho ciego, en alianza con alias 'Pantera', vinculada a redes de las FARC.
Hoy, Fernández está libre y ha aparecido en medios de comunicación anunciando proyectos inmobiliarios en Manabí.
La violencia criminal apunta a la política manabita
La penetración delictiva en Manabí se ha evidenciado, además, en ataques armados contra figuras políticas y del sector justicia. El 25 de mayo de 2022, sicarios emboscaron y acribillaron en Manta a la fiscal provincial Luz Marina Delgado y a su asistente Jefferson Mendoza, empleando vehículos robados que luego fueron incinerados.
El 10 de agosto del mismo año, el periodista Gerardo Delgado Olmedo, de 39 años y director del medio digital Ola Manta TV, fue asesinado a tiros en la avenida Metropolitana de Montecristi. Delgado era precandidato a concejal de Manta por la Revolución Ciudadana y la alianza Sí Podemos.
En Portoviejo, el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, sufrió un atentado el 20 de diciembre de 2022 durante una caminata en la avenida Universitaria, donde recibió ocho impactos de bala, cuando aún era candidato. Al día siguiente, desconocidos detonaron explosivos en un vehículo de su equipo de campaña, y el 25 de enero de 2023 arrojaron un artefacto explosivo contra su sede política.
El 4 de febrero de 2023, la víspera de los mismos comicios, sicarios asesinaron a tiros a Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía de Puerto López por la Revolución Ciudadana, en un inmueble comercial. Menéndez, de 41 años, recibió más de 10 impactos de bala.
La violencia, asimismo, alcanzó a Brigitte García, alcaldesa de San Vicente de 27 años, quien fue encontrada muerta a balazos dentro de un vehículo la madrugada del 24 de marzo de 2024.
Intriago y la real influencia del narcotráfico
Uno de los mayores ejemplos de la influencia del narcotráfico en Manabí se reveló en 2023. Primero, Agustín Intriago, entonces alcalde de Manta, fue asesinado en julio de ese año. Cinco meses después, el caso Metástasis reveló que este político respondía a la red del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022.
Las sospechas se iniciaron en junio de 2022, cuando se denunciaron contratos públicos adjudicados a empresas de Norero, alias 'El Patrón', quien era procesado por lavado de activos. El alcalde Intriago defendió la legalidad de los procesos de contratación del cabildo.
El 23 de julio de 2023, Intriago fue asesinado en el barrio 15 de Septiembre de Manta durante un recorrido de obras. Un sicario bajó de una camioneta negra robada en Guayaquil y le disparó dos tiros de fusil calibre 2.23 por la espalda.
En diciembre de ese mismo año, el expediente del caso Metástasis, que investigó una red de favores judiciales y políticos a favor de Norero, reveló conversaciones extraídas de los teléfonos de 'El Patrón' en las que sus abogados llamaban a Intriago con el alias de 'Uno'.
En los diálogos de agosto de 2022, su operador Hélive Angulo, alias 'Estimado', coordinó con el capo la asignación del tercer casillero para concejales de Manta a favor de Lady G., recomendada por alias 'Fito', líder de Los Choneros.
Los mensajes revelan además que, tras el asesinato de Gerardo Delgado, Intriago propuso a la red culpar "a la gente de Correa" para evitar allanamientos en su contra. Incluso, 'Estimado' le llegó a decir a Norero que él era el verdadero alcalde de Manta, debido a su influencia sobre Intriago.
La justicia manabita no se salva
El caso Metástasis no solo puso en evidencia la influencia de Norero a nivel político, sino que expuso la red de corrupción judicial que benefició a Norero y sus familiares a cambio de sobornos.
Entre los sentenciados consta Carlos Zambrano, alias 'Presi', expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, quien recibió una condena de nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada.
El fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó a Zambrano de colaborar para impedir el avance de los procesos judiciales contra Agustín Intriago. Además, coordinó con el abogado de Norero la búsqueda de jueces que emitieran resoluciones ilegales y participó en gestiones de habeas corpus para Daniel Salcedo y Jorge Glas a cambio de un pago aproximado de USD 150.000.
El fiscal Marcelo Vásconez, quien lideró la acusación contra los sentenciados por el asesinato de Intriago y la indagación del crimen de Luz Marina Delgado, fue asesinado el 25 de octubre de 2024 en Manta. Sicarios dispararon 35 proyectiles contra su vehículo.
En paralelo, el 16 de agosto de 2024 la Fiscalía allanó dependencias judiciales de Manabí en el caso Narcotentáculos. El Consejo de la Judicatura suspendió en junio de 2025 y destituyó en septiembre de 2025 a cuatro servidores.
Los involucrados habrían cobrado sobornos de entre USD 2.000 y USD 60.000 por resoluciones indebidas y USD 1.000 por ingresar cada medida cautelar.
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