La Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura investiga si el carné de discapacidad que presentaron estos funcionarios es válido.
El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) busca aclarar la situación de 661 de sus funcionarios que han reportado tener carné de discapacidad.
En algunos casos estos carnés pertenecen a sus hijos o a familiares en relación de dependencia.
¿En qué les beneficia esto? Para ganar hasta tres puntos en los concursos de méritos y oposición para acceder a cargos públicos.
Algunos jueces, según la investigación, usaron ese beneficio porque por un punto más el ganador puede acceder a un puesto importante, explica la Federación de Abogados.
De 661 empleados judiciales actualmente bajo lupa, 437 han asegurado que tienen alguna discapacidad.
El número restante, 224, dice que los portadores de la discapacidad son sus familiares dependientes, como esposas, esposos, padres o hijos.
Pero no todos han presentado los soportes para validar esa información.
Tres de los 98 jueces reportaron más del 70% de discapacidad: dos de ellos con menos de 45 años. API
API
98 jueces con carné
“Esto es una investigación integral a nivel nacional. Hemos proporcionado los datos de todas las provincias a la Dirección de Transparencia, indicando quiénes son los funcionarios o servidores judiciales que tienen dicho carné". Lo dice el Director Provincial del CJ, José Verdi Cevallos.
Según él, en Manabí hay 54 servidores investigados. Diez son jueces, dos notarios y el resto (42) son secretarios, ayudantes, citadores, técnicos de ventanilla y choferes.
“Ellos están entregando documentación para comprobar que han obtenido lícitamente el carné. De lo contrario, puede haber sanciones disciplinarias e incluso una investigación penal", añade Cevallos.
Lo que sorprende al Consejo de la Judicatura es que en esa lista constan 98 jueces a escala nacional. La mayoría registra entre el 41% y 50% de discapacidad, aunque un magistrado tiene el 100%.
Dos puntos de oro
Para el vicepresidente de la Federación de Abogados de Ecuador, Mauro Ponce, en los concursos para ser juez se otorgaban dos puntos para quienes tienen alguna discapacidad.
“Eso debería de revisarse, para determinar si se cumplió o no, de verdad, con ese requisito. Como gremio confiamos en la investigación del CJ, pero la propia Fiscalía debe actuar de oficio", expresa Ponce.
Para el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, la situación es grave, particularmente en el caso de los jueces.
¿Qué tipo de discapacidades han presentado? La mayoría: física, visual, auditiva e incluso intelectual. "El juez debe tener varias capacidades que estén al 100%", agrega Morillo.
¿Lujosos carros?
De los 98 jueces que tienen el carné de discapacidad, 16 importaron vehículos con exoneración de aranceles. Según los registros del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), eso ha ocurrido entre 2016 y 2020.
El Consejo de la Judicatura ya ha hecho público el nombre de cada uno de estos servidores judiciales, pero no se ha validado si hubo engaño en el proceso.
De confirmarse un fraude, el trabajador judicial puede haber incurrido en un concierto de delitos.
Las autoridades han anunciado que habrá un cruce de información con la base de datos del Ministerio de Salud y el Servicio de Aduanas para establecer si usaron el carné para importar con beneficios aduaneros vehículos de alta gama.
¿Se acaban las influencias?
Hasta que el CJ termine la investigación interna, el Ministerio de Salud informa que ya está desarrollando el software del Sistema Nacional Electrónico de Discapacidades.
El nuevo sistema automatizará el proceso de calificación para evitar manipulaciones en la emisión de los carnés.
Esto se suma al Acuerdo Ministerial No. 00029-2020 del 1 de julio de 2020, que reforma el “Reglamento interno para la Calificación, Recalificación y Acreditación de Personas con Discapacidad o con Deficiencia o Condición Discapacitante”.
Este documento ya fue publicado el pasado 6 de julio, en el Registro Oficial 743.
Son 14 páginas que refuerzan el proceso -y lo alargan- para conseguir la certificación. Entre las novedades se incluye un informe de trabajo social, para evidenciar posibles malas intenciones a la hora de obtener este beneficio.
También hay pasos -como el cumplimentado de formularios- que se automatizan para evitar que empleados de la Salud pueden beneficiar a determinadas personas o referidos de forma irregular.
Según el MSP, se busca "fortalecer los procesos de calificación y evitar la utilización dolosa de este beneficio y derecho de las personas con discapacidad".
Descargue el Reglamento de Calificación (PDF):
Lo último