El informe para primer debate del proyecto de ley aprobado en la Comisión de Justicia no establece el tiempo máximo para la interrupción del embarazo, ni los requisitos. Tampoco trata la objeción de conciencia de los médicos.
Con ocho votos a favor y dos en contra, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó la noche del 2 de diciembre de 2021, el informe para primer debate del Proyecto de Ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
Durante una hora y media, los miembros de la Comisión expusieron sus posturas sobre el texto elaborado por la Defensoría del Pueblo y votaron de la siguiente manera:
A favor: Gissela Garzón (alterna de Fausto Jarrín), Dalton Bacigalupo, Jhajaira Urrestra, José Agualsaca, José Chimbo, Johanna Moreira, Alejandro Jaramillo y Vicente Ludeña (alterno de Dina Farinango).
En contra: Ricardo Vanegas y Sofía Espín.
A pesar de que el proyecto llegará al Pleno del Legislativo, los asambleístas de la Comisión de Justicia evitaron tratar dos temas que fueron denominados como críticos por la misma Defensoría del Pueblo:
- El tiempo máximo en el que puede interrumpirse el embarazo producto de violencia sexual.
- Los requisitos que las mujeres deben presentar para acceder a este procedimiento.
- La objeción de conciencia de los médicos.
El único asambleísta que se refirió al tema de la temporalidad fue José Chimbo. Él dijo que “hay evidencia que dice que la interrupción de un embarazo puede darse hasta las 12 semanas”.
Aunque dijo que es necesario escuchar a la mayor cantidad de criterios científicos para llegar a un consenso.
Mientras que Vanegas y Espín exigieron que el proyecto establezca un límite. Espín, por ejemplo, dijo que las legislaciones mexicana, española, argentina, boliviana establecen un máximo de entre ocho y 15 semanas para la realización del aborto. Es por eso que pidió que la normativa incluya este punto.
Sobre los requisitos para acceder al aborto, el proyecto solo establece que las mujeres víctimas de violencia sexual deben presentar un formulario, en el caso de las mayores de 12 años, y ningún requisito para las menores de esta edad.
Bacigalupo y Agualsaca también dijeron que es necesario que el proyecto establezca cuanto antes los requisitos y el tiempo máximo en el que una mujer víctima de violación puede acceder al aborto.
Temas polémicos, al Pleno
El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, recordó que cerca de 60 personas de diferentes tendencias sociales, científicas y religiosas fueron escuchadas durante las sesiones en las que se discutió el proyecto de ley.
Sin embargo, dijo que el texto recibirá más aportes durante el debate en el Pleno de la Asamblea, sobre todo de los temas más polémicos. “Ningún asambleísta, de los que votaron en contra, dijeron algo sobre los puntos críticos pese a que hemos tenido muchas reuniones sobre este tema”, agregó.
Por otro lado, el asambleísta José Chimbo dijo que la temporalidad y los requisitos para acceder al aborto pueden ser tratados entre todos los asambleístas.
Lo importante, explicó, es garantizar los derechos de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, y más de aquellas que viven en situación de vulnerabilidad.
La directora ejecutiva del colectivo Surkuna, Ana Cristina Vera, sostiene que el único requisito que deben presentar las mujeres es su palabra. “Debemos empezar a creer en las mujeres”, sostuvo.
Según los plazos establecidos por la Corte Constitucional, la ley debería ser tratada y aprobada por la Asamblea hasta el 28 de diciembre de 2021, pues en su sentencia dio un plazo máximo de seis meses luego de que el proyecto haya llegado al Legislativo. Eso ocurrió el 28 de junio.
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