La Dirección General de Aviación Civil cambió los radares secundarios de los aeropuertos de Guayaquil y San Cristóbal (Galápagos), para cumplir con los estándares internacionales, el 20 de septiembre. La compra se hizo por USD 4.455.000.
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) concretó la compra, instalación y puesta en marcha de los radares secundarios en Guayaquil y San Cristóbal, el 20 de septiembre.
Luego de una licitación, en la que participaron cinco empresas, la DGAC adjudicó el contrato a la empresa española Indra por USD 4.455.000. El presupuesto asignado para la compra de radares fue de aproximadamente USD 6.000.000.
Los nuevos radares adquiridos cuentan con un modo S, que incluye un sistema de vigilancia dependiente automática, con tecnología de punta y bajo estándares internacionales, según informó la DGAC.
El cambio de sistemas se hizo sin interrumpir el servicio ni afectar las operaciones aéreas. Según el cronograma de la DGAC, las pruebas técnicas se realizarán durante un mes antes de recibir formalmente los radares.
Los líos de Indra en Ecuador
Indra se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas en varias áreas. Por ejemplo en transporte, energía, seguridad, salud, finanzas, telecomunicaciones.
En Ecuador, Indra ha incursionado en al menos dos sectores. Además, de proveer de los radares para la seguridad nacional, esta empresa dotó de un sistema de justicia 2.0 al Consejo de la Judicatura en diciembre de 2011.
La Contraloría General del Estado (CGE) determinó que el sistema tenía cinco irregularidades, relacionadas con la digitalización de documentos, la carga masiva de información, servicios de pagos, entre otras.
Por esta razón, predeterminó una glosa de USD 23,7 millones en contra de Indra y del administrador del contrato, como deudor solidario. Sin embargo, más de 10 años después de la firma de ese contrato, esa glosa no se ha ejecutado.
También vendió al Ministerio de Defensa un radar para vigilar operaciones en el mar que se ubicó en el cerro de Montecristi (Manabí), con un alcance de rastreo de 220 millas y que comenzó a operar el 27 de octubre de 2021.
Pero el 7 de noviembre quedó inhabilitado debido a una explosión. La destrucción del radar llevó a que 13 militares sean acusados de cometer sabotaje, el 2 de junio de 2023.
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