11 cooperativas de buses recibieron la autorización para el alza del pasaje sin cumplir los parámetros de calidad exigidos por el Municipio, según la Contraloría.
Un informe de la Contraloría General de Estado revela irregularidades en el manejo del sistema de transporte público de Quito.
En un informe aprobado en febrero de 2023, la entidad de control advierte que conductores con cero puntos en sus licencias trabajan en 11 cooperativas que operan a lo largo de la ciudad.
A esto se suma que algunos de ellos no cuentan con la licencia profesional tipo D o E, como lo establece la Ley de Transporte para la conducción de buses de más de 25 pasajeros.
"Estos conductores tienen licencias tipo C, que están habilitadas para manejar taxis, camionetas livianas y vehículos de hasta 25 pasajeros", explica la Contraloría.
Y alerta que, a pesar de esas anomalías, la Secretaría de Movilidad autorizó que esas 11 cooperativas incrementen el costo del pasaje de USD 0,25 a USD 0,35.
El documento agrega que las operadoras de transporte "tampoco cumplieron con al menos una capacitación anual al personal administrativo y operativo en temas relacionados con calidad de servicio, género, seguridad vial y accesibilidad universal".
Además, la Contraloría dice que los conductores y ayudantes no fueron afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otro de los requisitos que maneja la Secretaría de Movilidad para autorizar el incremento del pasaje.
Falta de control en buses
El informe de la Contraloría no solo analizó las irregularidades que el Municipio cometió antes de dar paso al alza de pasajes en las 11 cooperativas.
También encontró falencias de la Secretaría de Movilidad al momento de verificar que las operadoras de transporte sigan cumpliendo los parámetros de calidad.
Según la Contraloría, la entidad municipal no implementó un sistema de monitoreo para emitir "informes que sustenten el mantenimiento de la calidad del servicio por parte de las operadoras beneficiarias de la actualización de la tarifa".
Entre los parámetros de calidad que la Secretaría de Movilidad no dio seguimiento están:
- Confort de los usuarios
- Confort y atención a grupos vulnerables y con discapacidad
- Mantenimiento de las unidades
- Indicadores de la tasa de siniestralidad y del índice de mortalidad
La Contraloría agrega tres parámetros que las cooperativas violentaron tras recibir la autorización para cobrar USD 0,35 por cada usuario:
- Aforo máximo permitido en cada unidad
- Contaminación ambiental
- Buena conducta del personal de atención al usuario
La Contraloría recomienda que el Municipio mejore sus procesos de control a todas las cooperativas que operan en la ciudad para verificar que cumplan con los parámetros de calidad establecidos por la Secretaría de Movilidad.
Sobre todo, los que tienen relación con la atención al usuario y con la reducción de la contaminación ambiental.
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