La Procuraduría aclara que esta medida no se contrapone a la Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo.
La Procuraduría General del Estado emitió un pronunciamiento favorable para que el Municipio de Quito proceda al retiro o retención de mercaderías del comercio informal en la capital.
Eso se desprende de un oficio remitido por el abogado del Estado, el 28 de julio de 2023, frente a una consulta realizada por la Alcaldía sobre el tema en marzo pasado, en el último trimestre de gestión de Santiago Guarderas.
En las autoridades del Municipio había dudas sobre si ese procedimiento estaba prohibido con la entrada en vigor de la Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y Comerciante Minorista, expedida por la disuelta Asamblea.
"En atención a los términos de su consulta, se concluye que (...), el Distrito Metropolitano de Quito, al momento de ejercer su potestad sancionadora, puede adoptar las medidas cautelares o retención de productos o mobiliario", dice el oficio.
Según el pronunciamiento del Procurador, esto no constituye una medida punitiva prohibida por el artículo 12 de la Ley, "siempre y cuando se esté inobservando la normativa jurídica dictada por el respectivo gobierno autónomo descentralizado".
En Quito, las ventas ambulantes se han apoderado de sitios emblemáticos como el Centro Histórico, lo que ha ocasionado reclamos de los comerciantes regularizados y afecta a la actividad turística.
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