Educación prohíbe porte de armas en planteles educativos

El Ministerio de Educación publicó, el 18 de abril de 2023, un acuerdo ministerial en el que prohíbe la tenencia, porte y manejo de armas en los planteles educativos del país.

En un documento de siete páginas, la entidad también prohíbe la tenencia y uso de explosivos y sustancias que pongan en riesgo a los alumnos, profesores y trabajadores de escuelas y colegios.

Además de las instituciones educativas, el acuerdo regirá en el transporte escolar y los espacios para la prestación de servicios complementarios de educación.

Se suman las zonas de influencia del servicio educativo y las instalaciones del Ministerio de Educación.

La ministra de Educación, María Brown, dice que se exceptúa de esta prohibición al personal de seguridad de las instituciones educativas.

"Ellos estarán habilitados para desempeñar sus funciones exclusivamente en los exteriores de las instalaciones, transporte y demás espacios educativos".

Protocolos de seguridad

El acuerdo ministerial también da a conocer los protocolos que deben cumplir las personas que conozcan sobre el cometimiento de un delito en el sistema educativo.

Obligación de informar y reportar

El acuerdo ministerial obliga a estudiantes, profesores y al personal administrativo a informar a un caso de porte o tenencia de armas.

La notificación deberá hacerse a la autoridad máxima del plantel, quien custodiará el lugar y alertará al ECU 911 y a la Policía Nacional.

"El objetivo es precautelar los indicios del cometimiento de la infracción", aclara el documento.

El Ministerio de Educación asegura que mantendrá la confidencialidad y reserva de la información para evitar la criminalización y discriminación del estudiante involucrado.

Protocolo frente a situaciones de violencia

Todo miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un caso de violencia de cualquier tipo deberá actuar de acuerdo a lo que dictan los protocolos de cada unidad educativa.

Protocolo de actuación de infracciones o delitos

Toda persona que tenga conocimiento del cometimiento de una infracción o delito dentro de una institución educativa informará inmediatamente a la máxima autoridad.

El objetivo es que con los rectores activen los protocolos elaborados para estas situaciones.