La Secretaría de Salud del Municipio de Quito apuesta a conseguir donaciones y fondos internacionales para continuar con el testeo en la ciudad.
El Municipio de Quito dejará de utilizar, por el momento, las pruebas PCR para el diagnóstico de casos de Covid-19 en la ciudad.
Esto porque el 6 de mayo de 2021 finalizó el convenio entre la Secretaría de Salud y la Universidad Católica (PUCE) que consistía en que el Municipio tomaba las muestras en sus unidades de triaje y las entregaba a la universidad para que las procese con sus reactivos.
Según Hugo Navarrete, director de Investigación de la PUCE, el acuerdo entre las instituciones permitió el procesamiento de 30.000 pruebas desde noviembre de 2020.
La secretaria de Salud, Ximena Abarca, dijo en la última sesión del Concejo Metropolitano del 11 de mayo de 2021, que el Municipio tiene un sobrante de pruebas PCR que están a punto de caducar y que serán utilizadas en una investigación.
La funcionaría agregó que desde este 12 de mayo se utilizará 4.450 pruebas de antígenos que fueron donadas por la Fundación Bloomberg. Según sus cálculos, este lote durará un mes, ya que el número de muestras tomadas se ha reducido en las últimas semanas.
Por ejemplo, en la semana del 10 al 16 de abril de 2021 se tomaron 1.500 muestras Mientras que en la semana del 1 al 7 de mayo se tomaron 695, una de las cifras más bajas de la pandemia.
Lo que no se sabe hasta el momento es si el Municipio de Quito continuará con el testeo de la población cuando se terminen las 4.450 pruebas de antígenos.
Por el momento, Abarca dijo que el Municipio prevé acceder a un fondo de la Organización Panamericana de Salud (OPS) para adquirir una mayor cantidad de pruebas de antígenos.
La entidad optó por esta alternativa tras el proceso legal que pesa sobre funcionarios de la Secretaría de Salud por la compra de 100.000 tests de diagnóstico en abril de 2020.
En este caso están involucrados la misma Abarca, la asesora Linda Guamán y el alcalde Jorge Yunda, junto a 11 colaboradores de la Secretaria de Salud. Todos ellos fueron llamados a juicio por el presunto delito de peculado.
Abarca reconoció que el Municipio no ha adquirido más pruebas, ya que los funcionarios de las áreas técnica, financiera y jurídica tienen temor para firmar documentos que den paso a la compra de pruebas.
El concejal Fernando Morales dijo que los funcionarios no pueden poner como excusa el temor a los procesos. Y agregó que una alternativa es que estos colaboradores sean reemplazados para agilizar la adquisición de tests.
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