Un examen de la Contraloría encontró irregularidades en nueve contratos firmados por la Prefectura del Guayas entre enero de 2014 y mayo de 2019.
La Contraloría General del Estado encontró irregularidades en nueve contratos por USD 345.420 en la Prefectura del Guayas.
El examen se realizó en el periodo comprendido entre enero de 2014 y mayo de 2019, en la administración del exprefecto Jimmy Jairala.
Se trata de la adquisición de implementos deportivos y de kits de higiene oral para niños de escuelas fiscales y de equipos de fútbol que fueron auspiciados por la Prefectura durante 2014 y 2019.
"La Prefectura no contó con documentación que respalde el cumplimiento de los contratos, así como la distribución de implementos deportivos y kits de limpieza bucal".
Informe de la Contraloría
Entre los contratos examinados está uno por USD 196.455,80, en el que se "identificaron irregularidades en los documentos que respaldaron la entrega de 9.248 uniformes, 200 chalecos y 1.858 balones".
Estos implementos iban a ser destinados a los 8.500 deportistas de los planteles de fútbol que fueron auspiciados por la entidad en la provincia.
"En los expedientes constan actas de entrega recepción sin firmas de responsabilidad y sin la información requerida, como el nombre del plantel, y con enmendaduras en la cantidad de los ítems entregados", dice el informe.
Kits de higiene que no llegaron
También llamó la atención de los auditores un contrato por USD 12.745,34 para un programa de salud oral en escuelas fiscales denominado 'Sonríe', que fue firmado en 2015.
"Los insumos debían beneficiar a instituciones fiscales de zonas rurales del Guayas, pero fueron entregados a unidades educativas que no son parte de la red pública de educación".
Finalmente está un contrato para promocionar actividades turísticas en la provincia por USD 136.220, "que no reunió los requisitos para adjudicarse directamente, mediante la modalidad de contratación de régimen especial".
Según la Contraloría, este contrato terminó sin que se pueda confirmar el cumplimiento del servicio, como los formularios de participación de 2.500 niños y jóvenes, ni se constató el uso de material gráfico.
Con el informe se pueden establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales para los funcionarios que supuestamente cometieron irregularidades.
PRIMICIAS buscó una versión de los funcionarios de la administración de Jairala, pero no hubo respuesta.
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