El Gobierno no dará nuevas autorizaciones para vuelos humanitarios hasta que se establezca un protocolo de control para los ecuatorianos repatriados. Un grupo de ciudadanos en aislamiento preventivo obligatorio en el país presentaron una acción de habeas corpus por "estar privados de su libertad".
Noticia actualizada a las 19:05, con la demanda en contra de las autoridades y reacciones sobre derechos humanos.
Durante una cadena nacional, este lunes 30 de marzo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo informó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional decidió suspender los vuelos humanitarios mientras se termina la cuarentena de quienes ya llegaron al país.
Según datos de la Cancillería, hasta el momento, 691 ecuatorianos han retornado.
La funcionaria aclaró que esto no significa el cierre definitivo de todos los vuelos para repatriar ecuatorianos varados en el extranjero, pero que esta actividad tiene que hacerse con orden a través de un calendario preestablecido.
La decisión se tomó con base en la experiencia de los primeros vuelos que, según la ministra Romo, no ha sido muy buena: el Gobierno se dio cuenta, dijo, que se requiere de una gran cantidad de personal para controlar a quienes regresan al país y deben cumplir aislamiento.
Explicó que quienes llegan firman las condiciones de aislamiento preventivo, pero -en algunos casos- ya aquí se niegan a cumplir con lo acordado y, por ejemplo, quieren irse a otras provincias.
Incluso, Romo informó que un grupo de personas presentó una acción de habeas corpus, por estar "privadas de su libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima".
El proceso está en manos de un juez de garantías constitucionales de Quito y demanda al hotel, al Vicepresidente y a los ministros de Salud, Gobierno, Riesgos y Relaciones Exteriores.
Sin embargo, la misma Corte Constitucional determinó, en su dictamen de constitucionalidad del decreto de estado de excepción, que el Gobierno debe garantizar el retorno de todos los connacionales pero estos deben acogerse a las medidas sanitarias determinadas por las autoridades.
Y el protocolo de repatriación de grupos prioritarios establece un periodo de 14 días de aislamiento preventivo obligatorio para todos los que ingresen al país, en los establecimientos determinados por la Cancillería.
Pero hay organizaciones de derechos humanos que han reclamado por lo que el Gobierno exige de los ecuatorianos retornados y por la vulnerabilidad de los que siguen varados en el exterior.
El protocolo establece que cada uno deberá hacerse cargo de los gastos de alojamiento y alimentación durante su aislamiento. Y el formulario que deben firmar implica renunciar a futuras reclamaciones contra el Estado por efectos directos o indirectos de la medida.
Además, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno que declare a las clínicas, hospitales y hoteles privados de "uso y servicio público" durante la emergencia para "evitar cualquier intento de ánimo de lucro".
Sin embargo, la ministra Romo defendió la importancia de este aislamiento. Por ejemplo, dijo, de los 12 pasajeros que llegaron de Estados Unidos en un vuelo sin autorización proveniente de Houston, el 23 de marzo, 11 dieron positivo para Covid-19, durante el fin de semana.
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