El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció el incremento de recursos y tecnología para el control migratorio y una avanzada diplomática con Bolivia y Venezuela para que acepten a los deportados.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo el 15 de marzo que fortalecerá el control migratorio fronterizo en el norte del país para reducir el flujo de inmigrantes irregulares. Esto, semanas después de que cientos de militares se desplegaron en esa zona afectada por la crisis migratoria.
El Mandatario aseguró que una prioridad será agilizar diálogos con La Paz y Caracas para que reciban a personas que sean expulsadas, una de las trabas que, según él, entorpece la deportación de quienes cometen delitos.
"Nuestra prioridad está en proteger la frontera para asegurar una migración que sea regular, segura y ordenada y que converse también con las necesidades del país", dijo.
"Y revertir de esta manera la ausencia prologada del Estado en esta zona, con más recursos y mejores herramientas", añadió Boric, en su gira por el norte del país, la zona más afectada por el explosivo aumento de la inmigración irregular en los últimos años.
El gobernante anunció mejoras del complejo fronterizo de Colchane, en la región de Tarapacá, con mayores comodidades para sus funcionarios, así como nuevas cámaras térmicas y un sistema de comunicación satelital "para duplicar la capacidad de detección a distancia y monitorear zonas actualmente no controladas".
Las mejoras se extenderán a otros seis puntos de observación en las regiones de Antofagasta, así como de Arica, en el extremo norte del país, donde también hay límite fronterizo con Perú.
✔️Plan Nacional de Complejos Fronterizos a cargo de @Min_Interior y @Mop_Chile para modernizar la infraestructura de los 40 complejos fronterizos del país y robustecer las acciones de control. pic.twitter.com/sIWjeDQiAN
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 15, 2023
El líder izquierdista, que ha endurecido su discurso contra de la migración irregular en el año que lleva en el poder, dijo que las medidas también buscan combatir a grupos criminales de trata de personas, tráfico de drogas y armas.
Desde fines de febrero, más de 600 militares están desplegados en la zona para colaborar en el control migratorio, gracias a una ley de resguardo de infraestructura crítica aprobada recientemente.
Hace días, el jefe del servicio local de migraciones dijo que expulsar a un ciudadano extranjero podía tener un costo de más de USD 3.000, pero el Mandatario dijo que no era sólo un problema de recursos.
"Es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo en Venezuela. Los trámites administrativos para poder realizar procedimientos de expulsión son muy engorrosos", afirmó, al insistir en que lanzará una actividad diplomática "intensa" con Bolivia y Venezuela para que reciban a los ciudadanos deportados.
Boric también dijo que próximamente se reunirá "con diferentes presidentes amigos", de México, Argentina, Honduras, Colombia y Bolivia, para tratar el tema.
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