Del total de procesos que abrió Fiscalía en hospitales públicos del país, 17 se encuentran en Guayas y nueve en Tungurahua. En la mayoría se investiga el delito de peculado.
La pandemia del Covid-19 no solo evidenció los problemas recurrentes en consultas y abastecimiento de medicinas en hospitales públicos. También detonó la corrupción que campeaba en algunas casas de salud desde mucho antes de la emergencia sanitaria.
Los denuncias llegaban como la cantidad de pacientes en busca de atención médica, al punto de que la Fiscalía creó una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para investigar los casos registrados en el contexto de la pandemia.
Según datos entregados por la entidad a PRIMICIAS, 56 procesos se abrieron desde el 16 de marzo de 2020 hasta agosto de 2022 en hospitales públicos del país, es decir del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
De esos casos, 45 son por peculado. El resto se distribuye entre delincuencia organizada, asociación ilícita, cohecho, concusión, defraudación tributaria y tráfico de influencias.
Guayas y Tungurahua lideran el esquema de corrupción en los hospitales con 17 y nueve procesos, respectivamente.
Casos emblemáticos durante la pandemia
PRIMICIAS detalló los casos de los hospitales del IESS Teodoro Maldonado Carbo y Guasmo Sur. Pero en Tungurahua, las irregularidades también se pasearon por los pasillos de las casas de salud.
En enero de 2020, la Fiscalía provincial allanó el Hospital Docente Ambato, por la adquisición de overoles, cubrecabezas y otros insumos con presunto sobreprecio.
El contrato ascendió a USD 250.000 y su investigación sigue sin desenlace. La Fiscalía indaga desde tráfico de influencias, defraudación tributaria hasta alteración de evidencias y elementos de prueba.
En noviembre de 2021, la mirada recayó sobre el Hospital General del IESS Ambato. Liborio P. A. (exdirector Administrativo Financiero), Luis S. M. (jefe de Mantenimiento) y Carlos G. G. (proveedor) fueron vinculados por peculado.
Dos meses después, la Fiscalía inició un proceso penal contra Luis Orlando S., Liborio Hernán P. y Carlos Roberto G., también por peculado, en la suscripción de contratos para la adquisición de insumos médicos durante la pandemia. En marzo, vinculó a dos personas más.
De las 56 indagaciones abiertas a escala nacional, 51 siguen en investigación previa, es decir la primera de las etapas procesales.
Uno permanece en instrucción fiscal, tiempo que conceden los tribunales para sustentar las acusaciones; otro en preparatoria de juicio y tres llegaron a juicio.
Apenas dos tienen sentencia y corresponden a hospitales públicos de Guayaquil: el primero de julio de 2021 por delincuencia organizada en el del Guasmo Sur.
La Fiscalía comprobó la venta ilícita de insumos médicos con sobreprecio, especialmente el medicamento denominado Actemra.
Aquí recibieron condena cuatro personas, entre ellas Noé Salcedo (siete años de prisión) y Abraham Muñoz (ocho años). Este último fue asesinado en la masacre en la Penitenciaría del Litoral de noviembre de 2021.
El segundo fue por peculado en el proceso de adjudicación de 4.000 fundas para cadáveres con sobreprecio en el IESS Ceibos. En julio de 2021, el Tribunal Penal condenó a 13 años de prisión a Daniel Salcedo, quien cumple la condena en la cárcel 4 de Quito.
La entidad puede abrir más investigaciones, en función de los informes que emite la Contraloría General del Estado, respecto de procesos durante la pandemia.
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