La Policía Judicial detuvo a un sospechoso por asalto a una urbanización privada de La Puntilla, en Samborondón, pero asegura que el robo no fue denunciado en la Fiscalía. El Municipio y la Gobernación gestionan la llegada de más agentes
Una decena de hombres armados sometieron al guardia de la urbanización privada. Además, los encapuchados irrumpieron en casas y amarraron a los residentes durante un asalto en la parroquia urbana La Puntilla, en el cantón Samborondón (Guayas).
El ataque armado y el robo en tres de las viviendas se registró la noche del domingo 9 de abril de 2023. Y el hecho alarmó a residentes de 170 urbanizaciones de la zona. El asalto se reportó en un conjunto de cinco casas y seis departamentos en el sector El Tornero.
El Municipio de Samborondón y la Gobernación de Guayas gestionan la llegada de más policías a la localidad.
Pero el coronel Max Maldonado, jefe de la Policía Judicial de la Zona 8 (que integra a Guayaquil, Durán y Samborondón), dijo que el lunes 11 de abril allanaron un domicilio en Mapasingue Oeste (al norte de Guayaquil) y detuvieron a un sospechoso.
Pero sostuvo que los perjudicados del asalto en Samborondón no denunciaron el hecho ante la Fiscalía.
"Sin denuncias ante la Fiscalía, no podemos vincular al detenido con los robos de la urbanización de Samborondón".
Max Maldonado, jefe de la Policía Judicial Zona 8.
“El problema es que no tenemos las denuncias de los domicilios, no se puede vincular al detenido en esos robos”, indicó Maldonado. “Tampoco podemos contrastar lo robado en la urbanización con lo que encontramos en el allanamiento”, agregó.
Una de las víctimas logró rastrear y recuperó su teléfono celular en Mapasingue, contó el oficial.
Mientras que la PJ allanó el domicilio en el que los agentes hallaron un vehículo reportado como robado, otro auto de dudosa procedencia además de relojes de lujo, entre otros indicios.
La Policía Judicial llamó a los perjudicados a radicar las denuncias ante la Fiscalía. Mientras que el detenido se encuentra imputado por robo de vehículo.
Municipio reclama policías
El distrito de Samborondón cuenta con 136 policías desplegados en tres Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
Se trata de un contingente limitado para más de 102.000 habitantes y 344 kilómetros cuadrados, según coinciden desde las urbanizaciones.
De hecho, el Municipio de Samborondón informó que ha solicitado en “reiteradas ocasiones” a la Policía Nacional incrementar el número de uniformados en el cantón.
Esto, para reforzar patrullajes y mejorar tiempos de respuesta frente a emergencias.
El alcalde Juan José Yúnez se reunió con el Gobernador del Guayas para delinear acciones contra la delincuencia.
Y anunció que las Fuerzas Armadas se sumarán al patrullaje. "Samborondón contará con más elementos policiales", anunció.
También se prevé fortalecer los patrullajes fluviales de la Fuerza Pública en los ríos Daule y Babahoyo, en el perímetro de los conjuntos cerrados.
Además, se convocó a una mesa técnica con las urbanizaciones y las universidades ubicadas en Samborondón.
"Fortaleceremos los protocolos de seguridad para instituciones educativas, comercios y residencias. Samborondón contará con más policías".
Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón.
En lo que va de 2023, el Centro de Monitoreo y Vigilancia de Samborondón (CMVS) reporta 330 activaciones del botón de pánico de las urbanizaciones de La Puntilla.
A ello se suma un caso de sicariato ejecutado el pasado 23 de marzo en una plaza comercial de la localidad.
Preocupación en Samborondón
Fernando Huamán, presidente del directorio del Comité de la Ciudadela La Puntilla, indica que los fines de semana y los feriados aumenta la vulnerabilidad de las urbanizaciones.
De hecho, gran parte de los residentes sale de viaje y muchas viviendas quedan vacías.
Además apunta otra debilidad: las urbanizaciones más pequeñas aún mantienen a simples conserjes o porteros, en lugar de tener guardias de seguridad privada con armas.
“Ninguna urbanización está exenta de un asalto, pero vemos que el hampa ataca a ciudadelas que están menos preparadas”.
Fernando Huamán, presidente Comité de La Puntilla
En la ciudadela La Puntilla, por ejemplo, residen 350 familias. La urbanización pasó de 40 cámaras en 2018 a 111. Y ahora cuenta con un centro de monitoreo y seguridad privada.
Pero Huamán dice que la instalación de cercos eléctricos, concertinas de púas y reflectores en predios que dan al río Guayas, no reduce la preocupación frente a los hechos delictivos.
“Viviendo en una urbanización privada, he tenido que instalar cerco eléctrico, cámara y alarma en casa (...) Hacen falta más patrullajes policiales”, dijo.
“Estamos asustados, no vemos policías que hagan ronda constantes en las avenidas principales”, señaló Juan Carlos García, residente de Las Riberas.
También cuestiona el deterioro generalizado de los vehículos destinados a los uniformados en ese distrito. "Ya estamos cansados de reuniones, comunicados y diagnósticos, pedimos acciones", agregó García.
Facilidades para rondas
La Municipalidad ha centrado sus esfuerzos en la instalación de más de 350 cámaras de seguridad. También activó protocolos de seguridad en urbanizaciones y comercios.
El mayor Cristian Granizo, del distrito de la Policía en Samborondón, indicó que trabajan en reforzar controles con el personal policial y de las Fuerzas Armadas, lo que faculta el estado de excepción de 60 días en la Zona 8.
El oficial también señaló falencias en la urbanización en la que irrumpieron una decena de encapuchados y robaron tres viviendas.
Entre ellas mencionó la falta de guardias armados, inoperancia de las cámaras de videovigilancia, sin contar con que no se activaron botones de pánico del sector, señaló.
La Policía Nacional ha señalado problemas para ingresar a urbanizaciones y a plazas comerciales por trabajos protección interna y orden público.
Pero el decreto ejecutivo 707 del 1 de abril de 2023 cataloga como infracción grave el que guardias de seguridad privada obstruyan la inspección y verificación de instalaciones.
El documento prevé multas de hasta seis salarios básicos para las empresas de seguridad. Y plantea incluso la cancelación del permiso de funcionamiento para reincidentes.
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