Un director de secretaría del Municipio sale de su oficina por última vez con una caja de resmas. Adentro van un cargador que no es suyo y un diploma que nunca alcanzó a colgar. Devuelve el computador, el carné, las llaves y una clave que esa tarde deja de funcionar. Un funcionario de Talento Humano, esfero en mano, verifica que el inventario cuadre y ambos firman un acta. Todavía le falta jurar ante la Contraloría qué bienes tiene, incluido el carro.

Ese señor sabe por qué algún trazado vial no pudo ir por donde le tocaba, cuál de los tres estudios ya pagados sirvió para algo y cuáles terminaron de pisapapeles y qué se intentó en 2019 que nadie quiere volver a mencionar. Nada de eso va en el acta ni en la declaración. No hay casillero.

Nadie le preguntó nada y se pisó.

El acta contiene exactamente lo que la norma manda, ni una coma más. La conversación de pasillo donde alguien dijo "por ahí no, que en 2019 ya lo intentamos y nos fue como la mierda" no cabe en ninguna carpeta.

A mí me pasó con el cambio de PUOS a PUGS. Tenía trámites abiertos y, de un lunes a otro, quien los había aprobado ya no estaba. En ventanilla, hay una frase hecha: "ese señor ya no trabaja aquí". El expediente seguía completo, foliado y sumillado: un primor. Lo que faltaba era por qué se aceptó lo que se aceptó. El que llegó empezó de cero, de buena fe, porque no tenía de dónde sacarlo. Y a mí me tocó volver a explicar, desde la lámina uno, algo que ya estaba resuelto.

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Si usted estuvo en la directiva de su barrio, conoce la versión sin arquitecto: el oficio pidiendo el muro de la quebrada, la promesa, el cambio de administrador y, otra vez, el mismo oficio, con otra fecha, otro número de trámite y la misma foto del talud.

Y no es un invento de esta administración. Pasó con Rodas, con Yunda, con Guarderas y con Muñoz, y le va a pasar al que llegue.

Quito ya resolvió esto, aunque para otra cosa. Cada predio tiene un número catastral que no cambia cuando el abuelo muere y los nietos se pelean por la casa, ni cuando cambia el alcalde. A las decisiones sobre ese lote, Quito nunca les asignó un número.

Y no hay que irse a Suiza para verlo. En Colombia, desde 2005, la ley obliga a que se le deje al que llega un informe de su gestión y de lo que queda en marcha. Todavía sin el porqué, pero bastante más que el carné y las llaves. En Chile, cada proyecto público nace con un código que no cambia en ninguna etapa. El estudio que se pagó en 2009 sigue a la vista de quien quiera contratarlo de nuevo en 2026.

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Y usted, que se come todos los días el tráfico del intercambiador nuevo, no tiene cómo enterarse si salió de un estudio o de una corazonada. Para arreglarlo, se me ocurren dos cosas y ninguna de ellas requiere abrir otra oficina.

La primera es un anexo al acta, que también se firmará. Póngale el nombre que quiera; yo le digo "memoria de decisiones". Cinco preguntas que contesta el que sale y se publica, salvo reserva legal: qué grandes decisiones se tomaron y con qué evidencia; qué se descartó y por qué; qué estudios se pagaron y en qué cajón quedaron; qué quedó a medias; y, la más importante, qué sabe usted hoy que no sabía el día en que se sentó en esa silla.

La segunda es darle a cada iniciativa urbana un número propio desde que nace, cuando todavía es un reclamo de la directiva del barrio. Todo lo que venga después lleva ese mismo número: el estudio, las alternativas descartadas, el contrato, la obra y lo que pasó cinco años más tarde, cuando ya nadie recuerda quién cortó la cinta.

Las dos caben en un oficio dirigido a la Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivos y a la Secretaría General de Planificación del Municipio de Quito.

Quien gane el 29 de noviembre, aunque repita, va a entrar al Municipio tanteando la pared en busca del interruptor. El que sale ya habrá firmado el acta.

Entre la elección y la posesión hay cinco meses y medio en los que a nadie le conviene que esto aún no exista. Después ya no.