ADN consigue los votos en la Asamblea y aprueba reforma para que empresas donen vivienda social a cambio de beneficio tributario

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados aprobaron el 30 de marzo la reforma a Ley de Régimen Tributario Interno, que propone un incentivo dirigido al sector privado que construya casas de interés social.

En el Pleno de este lunes, realizado en Machala, 83 asambleístas de ADN y de aliados a la bancada oficialista votaron a favor, y el correísmo en contra. 

El proyecto ya fue debatida el jueves 26 de marzo, pero la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno de ADN, solicitó al presidente Niels Olsen que el documento regrese a la mesa legislativa para incluir algunos ajustes.

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Según la legisladora, en esos cuatro días fue posible hacer cuatro modificaciones importantes a la propuesta que incluirían las observaciones de algunos legisladores:

• Inicialmente, los beneficiarios de las viviendas eran para personas ubicadas en el segmento 1, es decir las que necesitan una ayuda del 100% del Estado. Pero ahora, también accederán quienes integran el segmento 2, es decir, quienes requieren un subsidio parcial y el resto completarlo con créditos privados o estatales.
• También, se habría mejorado la redacción para dejar claro que se puede construir en terrenos del Estado, en terrenos donados al Estado, y en terrenos propios del beneficiario.
• Deberá existir un convenio previo al inicio de la construcción de la vivienda entre el Ministerio de Infraestructura y Transporte y el beneficiario. Este documento deberá incluir detalles claros sobre qué se dona, cómo se dona, bajo qué condiciones y técnicas se hará la construcción.
• Para el segmento 1 se establecerá un acta tripartita de entrega- recepción en la que participen el Ministerio de Infraestructura, el donante y el beneficiario.

¿Qué propone la ley urgente?

La propuesta que fue enviada el 9 de marzo por el presidente Daniel Noboa es relativamente corta: contiene cuatro artículos; tres disposiciones generales y una disposición transitoria.

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El artículo 3 se refiere a la rebaja del impuesto a la renta causado por donaciones de vivienda de interés social. 

"Los contribuyentes que donen viviendas de interés social que cubran el subsidio total del Estado correspondiente al primer segmento, de conformidad con el Reglamento de Viviendas de Interés Social e Interés Público, tendrán derecho a una rebaja equivalente al cien por ciento (100%) del valor de lo donado, con un límite máximo del treinta por ciento (30%) del impuesto a la renta causado en el respectivo ejercicio fiscal, sin derecho a devolución"

En tanto que, el artículo 4 señala que "la rebaja establecida en el cuarto artículo innumerado agregado posterior al artículo 10 de la presente Ley tendrá carácter temporal y será aplicable para el impuesto a la renta del período fiscal 2026 hasta el período fiscal 2029.”

Para el ejercicio fiscal 2026, el ente rector de hábitat y vivienda en 30 días, contado a partir de la publicación de la Ley en el Registro Oficial, publicará el catálogo de necesidades de vivienda de interés social.

Rechazo a la normativa

Pese a las modificaciones y a que Valentina Centeno aseguró que se acogieron todas las observaciones, la bancada de Revolución Ciudadana (RC) insistió en oponerse a la propuesta del oficialismo.

El correísta César Palacios dijo que esta construcción de viviendas no se trata de una donación, como ha dicho el Ejecutivo, sino es una forma de pago de los impuestos.

"Una empresa que debe pagar un millón de dólares de impuesto a la renta, con este proyecto de ley pagará USD 700.000 en efectivo el restante 30% puede pagar en casas, ¿cuántas casas podría hacer? a USD 50.000 una seis casas, pero la constructora va a poner el precios de lista, no el precios de costo"

César Palacios, asambleísta de Revolución Ciudadana

Según el correísmo, esta ley urgente estaría destinada a beneficiar a ciertos sectores económicos cercanos al gobierno del presidente Daniel Noboa. RC no descarta promover denuncias de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC).