Bancada de ADN regresa la ley urgente sobre vivienda social a la comisión para evitar la demanda del correísmo
La bancada oficialista ADN pidió más tiempo para incorporar las observaciones que surgieron en el debate sobre la ley de vivienda social. El correísmo sostiene que la reforma busca beneficiar a las constructoras e inmobiliarias.
La Asamblea Nacional se reunió el 26 de marzo en Quito para tratar la novena ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa.
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El Pleno de la Asamblea Nacional trató el 26 de marzo el informe para segundo debate de la reforma a Ley de Régimen Tributario Interno, que propone un incentivo dirigido al sector privado que construya casas de interés social.
Luego de casi dos horas de escuchar los argumentos de los asambleístas de diferentes corrientes políticas, la ponente y presidenta de la Comisión de Desarrollo, Valentina Centeno, pidió que se suspenda el debate y el documento regrese a la mesa legislativa.
Según Acción Democrática Nacional (ADN), el eje central de la propuesta es una reducción del Impuesto a la Renta del total del valor a las empresas que donen viviendas de interés social.
Aunque esta exención se efectuaría "con un techo del 30% y bajo la supervisión del Ministerio de Infraestructura y Transporte", explicó previamente Valentina Centeno.
La bancada oficialista ADN sostuvo que con la aprobación de esta reforma serían unas 700.000 familias las beneficiadas con el acceso a vivienda, sin contar las plazas de trabajo que generarían los planes habitacionales que se ejecuten.
Centeno aseguró que esta reforma es la tercera parte de un plan del Ejecutivo de Daniel Noboa para dotar de vivienda a las personas de bajos recursos.
El oficialismo dijo que es mejor cooperar con el sector privado en este plan, porque es más ágil y eficiente, lo que garantizaría que las casas serán entregadas en menor plazo.
"El Viceministerio de Vivienda aprobará las superficies, dimensiones y especificaciones técnicas y define a manos de quién deben llegar las casas. También, el Ministerio de Gobierno, de acuerdo al Registro Social".
Valentina Centeno, asambleísta de ADN
Demanda de inconstitucionalidad "va porque va"
Durante el debate, la bancada de Revolución Ciudadana (RC) dijo que la habría gustado apoyar este proyecto enviado el 9 de marzo por el presidente Daniel Noboa, pero que no lo harán, porque consideran que hay un trasfondo.
Paola Cabezas hizo notar que esta es la tercera propuesta de ley en la que se busca beneficiar, de una u otra manera, al sector constructor e inmobiliario, esta vez con un alivio tributario.
"Este proyecto es la herramienta perfecta para devolver los favores de campaña y congraciarse con ciertas élites, permitiendo que las grandes empresas reduzcan hasta un 30% del impuesto causado".
Paola Cabezas, legisladora correísta
Incluso, la Revolución Ciudadana adelantó que, aunque el oficialismo tenga la mayoría para aprobar la reforma, acudirán a demandar la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional (CC).
"No se confundan, este debate no termina aquí, nos vemos en la Corte Constitucional, porque la demanda va porque va. Este mamotreto legal no resistirá el examen, porque vulnera el principio de progresividad y atenta contra la seguridad jurídica", agregó Cabezas.
Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, dijo que este tipo de propuestas generan un precedente peligroso: "Que las obligaciones que son del Estado, como es la construcción de viviendas, se traslade al sector privado a cambio de perdones tributarios".
Un giro inesperado
El legislador de ADN, Andrés Castillo, ya había adelantado la posibilidad de que el proyecto regrese a la comisión para incluir las observaciones que surgieron en torno al proyecto "y evitar que nos digan que hubo falta de deliberación democrática, que suele ser el argumento de la Corte Constitucional".
El legislador oficialista criticó, sin embargo, que muchos asambleístas que durante el debate rechazaron el proyecto, no enviaron por escrito sus observaciones y así aportar en la elaboración de la normativa.
Centeno dijo que existen asambleístas que no están interesados en legislar a favor de los ciudadanos.
La ley económica urgente fue envida por el Ejecutivo el 9 de marzo y el plazo de 30 días para su aprobación termina el 8 de abril, por lo que el oficialismo considera que hay tiempo para hacer los ajustes en la comisión designada.
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