Asambleístas de oposición alistan denuncias por delegación del campo Sacha, y el oficialismo pide no politizar el tema

La adjudicación del campo petrolero Sacha a un consorcio extranjero abre una nueva disputa en la larga lista de polémicas ya existentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado el próximo 6 de marzo de 2025. El correísmo presume que se estaría cometiendo el supuesto delito de peculado con la delegación de Sacha.

• Gobierno ajusta cifras y ahora dice que consorcio extranjero se llevará entre 81 y 73,5 de cada 100 barriles del campo Sacha

Además, la Comisión de Fiscalización, liderada por la correísta Pamela Aguirre, indicó que este campo puede ser operado por la estatal petrolera, por lo que "condena" que se lo busque entregar a un privado.

A esta conclusión habría llegado la Comisión luego de recibir el criterio de expertos petroleros y extrabajadores de Petroecuador. 

Según los expertos, este yacimiento es el de mayor productividad en Ecuador: alrededor de 77.000 barriles, registrando un incremento de cerca de 12.000 barriles en los últimos cuatro años.

• El Ordeño dice que nunca ha tenido ni tiene ninguna relación con Amodaimi, que lidera el consorcio que se adjudicó Sacha

Jorge Peñafiel, de la banca del movimiento Construye, cuestiona que se haya tomado la decisión de delegar al sector privado la operación del campo sin un proceso de licitación y la publicidad necesaria, para despejar cualquier duda sobre los presuntos intereses en la adjudicación.

"El segundo elemento que se cuestiona es haberlo entregado 'a dedo' a una empresa china y el tercero es hacerlo cuando estamos en plena campaña electoral, donde se podría aprovechar por un lado y por otro la narrativa y perjudicar a un candidato o a otro en la segunda vuelta", señala Peñafiel.

• Leonidas Iza advierte que el movimiento indígena tomará "todas las acciones necesarias" para frenar concesión del campo Sacha

La bancada ADN lo defiende

Por su parte, la legisladora oficialista de ADN, Inés Alarcón, dijo este 5 de marzo que no se trata de una privatización del campo petrolero, porque la Constitución de Ecuador lo prohíbe.

Afirma que en realidad se está delegando la operación del campo que requiere de una fuerte inversión para seguir operando.

"Siempre vamos a estar abiertos a cualquier proceso de fiscalización, siempre es importante que haya la transparencia necesaria. Lo que estamos en contra es en la manipulación de la información y se use algo tan delicado en momentos políticos electorales". 

Inés Alarcón, asambleísta de gobierno