Asamblea rechaza orden judicial de reactivar juicios políticos a tres exfuncionarios de Guillermo Lasso
Un juez de Quitumbe había ordenado seguir con los juicios políticos a tres exfuncionarios de Lasso, pero la Asamblea tiene en la mira otros procesos similares contra ministros del actual Gobierno.
El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, recibió el respaldo de varios legisladores este 3 de septiembre de 2024.
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La Asamblea Nacional aprobó este 3 de septiembre de 2024 una resolución de rechazo a la sentencia del juez Édgar Romero Salazar, que ordenó reactivar tres juicios políticos archivados por la Comisión de Fiscalización.
La moción fue presentada por Leonardo Berrezueta, de la Revolución Ciudadana, que, además del rechazo, propuso que se tomen acciones en varias instancias, como el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fiscalía, contra el juez de la Unidad Judicial de Quitumbe.
¿Qué contiene esta resolución? Inicialmente, el documento aprobado apoya al presidente, Henry Kronfle, en el pedido que hizo a la Corte Constitucional (CC) para que active el seguimiento a una sentencia, emitida en octubre de 2023, sobre los alcances de las acciones de protección en procesos políticos.
Además, la resolución pide que se haga un análisis de la actuación de ciertos legisladores del Gobierno, se los lleve ante el Comité de Ética y, de ser el caso, se apliquen sanciones disciplinarias.
Concretamente, se pone bajo la mira a los asambleístas Xavier Jurado e Inés Alarcón. Esta última legisladora interpuso la acción de protección, pidiendo que se reactiven los juicios archivados, por falta de firmas de apoyo, antes de seguir con el de la actual ministra del Interior, Mónica Palencia.
Los juicios políticos que el juez de Quitumbe ordenó reactivar son al exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo. Todos son exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
La resolución, que obtuvo 87 votos a favor y 30 en contra, incluye el respaldo al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, el primero en anunciar que no se acatará la orden judicial, lo que le valió denuncias en Fiscalía por parte de Jurado y Palencia.
Alarcón negó que su intención sea retrasar el juicio político que está en curso contra Palencia, pero sí preguntó cuál era la razón de la Asamblea Nacional para "proteger a los exfuncionarios de Lasso".
Previo a la sesión del Pleno, Alarcón advirtió que los asambleístas que voten a favor de esta resolución podrían ser objeto de sanciones y hasta de destitución por no acatar la decisión del juez Romero.
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