Asamblea en rebeldía: No reactivará juicios políticos a exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso

Ni la vacancia de los asambleístas pone pausa a la confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Este 22 de agosto, la Asamblea anunció que no acatará la decisión de un juez que dispuso reactivar tres juicios políticos a exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso.

Este jueves se desarrolló en Quitumbe, en el sur de Quito, la audiencia para resolver la acción de protección planteada por la asambleísta de la oficialista bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón, que reclamaba por la decisión de la Comisión de Fiscalización de archivar los procesos en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo.

El juez de primera instancia, Edgar Romero Salazar, le dio la razón argumentando que se habían violado los derechos de los proponentes de los juicios políticos y disponiendo que se levante el archivo para que continúe el proceso de fiscalización.

El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aseguró este 22 de agosto que no solo no acatarán la sentencia del juez, sino que lo denunciarán ante el Consejo de la Judicatura (CJ) por supuesto error inexcusable y por posible prevaricato en instancias penales.

Muñoz explicó que no harán caso a la sentencia del juez Romero, no por un capricho, sino porque existe una sentencia, de mayor jerarquía, de la Corte Constitucional que señala que la justicia constitucional no puede ser usada para resolver temas políticos y que esa justicia no puede evitar, suspender o revisar la procedencia o conveniencia del inicio, trámite o resultado de un juicio político.

Muñoz aseguró que detrás de la acción de Alarcón hay “intereses políticos” en los que prefirió no profundizar. Por eso, revisarán las actuaciones de la asambleístas y, eventualmente, se podría proponer sanciones en su contra.

El secretario aseguró que el desacato a la sentencia es una decisión tomada, porque lo contrario sería violar una disposición de la Corte Constitucional, pero además el tema será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea, para tomar resoluciones, una vez que termine el receso legislativo, el 2 de septiembre.

El festejo del Gobierno

A la par del anuncio de la Asamblea, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, dijo que este “es un día triste para el viejo Ecuador y para aquellos que estaban acostumbrados a hacer lo que les da la gana en el país”.

Calificó como una “artimaña” la decisión de la Asamblea de archivar los juicios políticos del Gobierno pasado, para supuestamente perseguir a los ministros del actual.

Calificó como valiente la actitud de la asambleístas Alarcón para que se respete el orden de los juicios. “Esto no es cuestión de venganza. Es cuestión de hacer respetar los procesos y se cumpla el rol fiscalizador, pero no a conveniencia de los viejos políticos”.

Los antecedentes

El 1 de julio de 2024 la Comisión de Fiscalización resolvió archivar los juicios políticos a los exfuncionarios del Gobierno de Lasso, bajo el argumento de que se habían retirado las firmas de respaldo y que no se cumplía ese requisito para continuar con esos procesos.

El coordinador jurídico de la Asamblea, Christian Proaño, defendió lo resuelto por esa mesa legislativa. Dijo que esa es una atribución de la Comisión de Fiscalización, por lo que considera que la sentencia interfiere con las facultades que tiene la Asamblea.

El archivo permitió que se aceleren los juicios políticos de la canciller Gabriela Sommerfeld en el que no hubo los votos para la censura y destitución y de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que se encuentra en trámite.

Si se acatara la decisión del juez Romero, luego del juicio a Palencia deberían retomarse los juicios políticos contra Corral, Arosemena y Montalvo.

Sin embargo, el secretario Muñoz dijo que los procesos seguirán tal como estaba previsto. Es decir, luego de la ministra del Interior, se levantará la suspensión del juicio político a la Fiscal Diana Salazar que pidió continuar con el proceso, una vez que superó una fase de riesgos en su embarazo.