Hijo de una de las juezas allanadas ingresó a la Judicatura en la administración de Wilman Terán

El 1 de abril de 2023, el Consejo de la Judicatura (CJ) contrató a Milton Daniel Calle Tapia como analista de Acceso a la Justicia. En esa época el organismo lo presidía Wilman Terán, hoy procesado por corrupción en los casos Metástasis e Independencia Judicial.

Calle Tapia estuvo en ese puesto hasta el 31 de octubre de 2023. Al día siguiente, el 1 de noviembre, la Judicatura lo volvió a contratar y esta vez como jefe Departamental Nacional de Género. Wilman Terán seguía al frente de la Judicatura. Aunque ese puesto lo ostenta hasta la actualidad.

Milton Calle es el hijo de Enma Tapia, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CJ). Desde el 16 de agosto de 2024, Tapia forma parte de una investigación por supuesto cohecho en el denominado caso Confourtable.

Según la teoría inicial de la Fiscalía General del Estado (FGE), Tapia y la jueza Katherine Muñoz habrían favorecido de manera irregular a Wilman Terán en un habeas corpus. Con ese fallo, Terán, identificado con el alias de 'Diablo', logró obtener un traslado de la La Roca de Guayaquil a la Cárcel 4 de Quito, entre otras comodidades.

Como parte de las primeras investigaciones en este nuevo caso, la Fiscalía allanó un domicilio y las oficinas de las dos jueces en la Corte Nacional.

En uno de estos allanamientos, los agentes fiscales encontraron una carpeta. Al interior había dos copias de una acción de personal del Consejo de la Judicatura, de fecha 1 de noviembre de 2023. Se trata del nombramiento provisional de Milton Daniel Calle, hijo de la jueza Enma Tapia, como jefe Departamental Nacional de Género.

Enma Tapia 'abogó' por Terán

Tras estos allanamientos, Tapia se pronunció a través de sus redes sociales. La Jueza pidió que lean la sentencia del caso de Terán y recordó que el Ministerio de Salud y el Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) no refutaron la evidencia presentada por Terán para solicitar el traslado de prisión.

Tapia forma parte de la Sala Laboral de la Corte Nacional desde marzo de 2021. Su nombre ganó relevancia pública a finales de agosto de 2023. 

Para esa época, Wilman Terán ya era el presidente de la Judicatura, como representante del Pleno de la propia Corte Nacional. Terán estaba en el centro de la opinión pública por varias polémicas decisiones como la suspensión del entonces juez Walter Macías.

Por esta razón, el 28 de agosto de 2023, el Pleno de la Corte Nacional le retiró la confianza a Terán. De inmediato, Terán solicitó a ese organismo que lo recibiera en una sesión. Eso causó una polémica, ya que varios jueces no estaban de acuerdo en recibir al entonces titular de la Judicatura.

Fue la jueza Enma Tapia la que mocionó aceptar el pedido de Terán y recibirlo en el Pleno de la CNJ. "Fuimos nosotros quienes dimos su nombre para que lidere la terna (para presidir la Judicatura) (...), recordemos que fue nuestro compañero juez", argumentó Tapia en ese momento. Sin embargo, su moción fue rechazada por la mayoría de los jueces.

En diciembre de 2023, nuevamente el nombre de Tapia salió a la palestra pública. En esos días, la Judicatura de Terán llevaba un cuestionado concurso para seleccionar jueces nacionales. La Corte Nacional intentaba emitir una resolución que exhorte a la Judicatura a suspender ese proceso.

Durante la sesión del 11 de diciembre de 2023, Tapia intervino y mencionó que la Corte no tenía la facultad para pronunciarse al respecto. Tres días después, Terán fue arrestado y renunció a la Judicatura. En enero de 2024, finalmente, se declaró nulo ese concurso de jueces.

Katerine Muñoz, la exasesora de la Judicatura

Katerine Muñoz, la otra jueza investigada, por su parte, no se ha pronunciado tras los allanamientos. Muñoz es jueza desde 2012, cuando la Judicatura era presidida por Paulo Rodríguez, quien fue delegado por el expresidente Rafael Correa para liderar la transición de la justicia. 

Antes de empezar su carrera como jueza, según el registro de la Contraloría, Katerine Muñoz fue coordinadora de Asesoría de la Presidencia de la Judicatura, también en la administración de Rodríguez.

Tras la polémica causada por los allanamientos a las juezas nacionales, en un comunicado público, la Fiscalía defendió su actuación y aclaró que esas diligencias fueron autorizadas por un juez competente.