Antonio Goncalves, Fabián Calero y 17 otros procesados reciben orden de prisión preventiva en el caso Apagón

El juez nacional Marco Rodríguez reinstaló este 22 de mayo de 2026 la audiencia de formulación de cargos en el caso Apagón, después de que la Fiscalía pidiera prisión preventiva contra 21 procesados, entre ellos Antonio Goncalves, exministro de Energía.

Ellos son acusados por la Fiscalía como autores y coautores del presunto delito de peculado.

Además del Fiscal General encargado y defensores de los procesados, a esta diligencia, que se reinstaló a las 9:30, acuden delegados de la Procuraduría, el Ministerio de Energía y CELEC.

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Rodríguez ratificó su competencia para conocer esta causa y dijo que se ha garantizado el derecho a la defensa de los procesados.

La Fiscalía acusa a los implicados como presuntos autores y coautores del delito de peculado, dentro de una investigación por supuestas irregularidades en la contratación de proyectos de generación eléctrica de emergencia en las centrales térmicas de Salitral y Quevedo.

Según el expediente, el Estado ecuatoriano habría realizado pagos superiores a USD 104,3 millones a la empresa estadounidense Progen Industries LLC (Progen), en el marco de dos contratos emergentes destinados a enfrentar la crisis eléctrica.

El proceso incluye a exfuncionarios del sector eléctrico, entre ellos el exgerente de Termopichincha, Byron Fernando O. M., quien suscribió los contratos, y el exgerente de Celec, Fabián Mauricio C. F., quien declaró la emergencia y autorizó las contrataciones.

La Fiscalía sostiene que se habrían omitido procedimientos de contratación pública y que los contratos fueron adjudicados pese a presuntos incumplimientos técnicos, económicos y jurídicos. Además, se habría entregado un anticipo del 70 % del valor total, sin que los proyectos entraran en operación.

De acuerdo con la investigación, los motores contratados para las centrales debían estar operativos en noviembre de 2024; sin embargo, nunca habrían entrado en funcionamiento, lo que habría generado un presunto perjuicio estatal por más de USD 104 millones.

Juez ordena prisión preventiva para Goncalves y Calero

Tras leer un resumen de los argumentos presentados por la Fiscalía sobre la supuesta participación del exministro Antonio Goncalves, el juez Rodríguez aseguró que los elementos de convicción presentados por Fiscalía son claros y suficientes para suponer que tuvo una participación en el presunto delito de peculado que se investiga.

Además, el juez dijo que en el caso de Goncalves hay un alto riesgo de obstaculización, pues existe un peligro inminente de que el procesado interfiera, obstaculice o impida la obtención de información relevante para esclarecer los hechos durante la etapa de instrucción fiscal.

El juez además dijo que hay riesgo de fuga de Goncalves, por su perfil de "alta relevancia pública", y que no pertenece a grupos vulnerables. Por lo tanto, ordenó la prisión preventiva en contra del exiministro.

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Con argumentos similares, el juez Rodríguez ordenó prisión preventiva también en contra del exgerente de Celec y exviceministro de Energía, Fabián Calero, quien delegó las dos contrataciones a la unidad de negocios Termopichincha.

El magistrado fundamentó su decisión contra Calero señalando que las medidas alternativas serían insuficientes debido a dos riesgos procesales inminentes: el peligro de obstaculización y el riesgo de fuga. Dijo que, al haber ostentado el alto cargo de gerente de Celec, existe un alto riesgo de que Calero utilice su "intervención funcional" para entorpecer el desarrollo de la investigación.

El juez Rodríguez también ordenó prisión preventiva en contra de otros 15 trabajadores de Celec. En cambio, Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, y César Toledo, exsugerente financiero, recibieron prisión domiciliaria, por condiciones médicas.

En cuanto a Karla Saud, quien fue representante de Progen en Ecuador, y a Andrew Williamson, CEO de Progen, el juez dictó orden de prisión preventiva y ordenó que se oficie a Interpol para su localización internacional a través de una notificación roja.

En total son 19 procesados los que recibieron prisión preventiva.