Juez ordena prisión preventiva para el exministro de Energía Antonio Goncalves en el caso Apagón

El juez nacional Marco Rodríguez reinstaló este 22 de mayo de 2026 la audiencia de formulación de cargos en el caso Apagón, después de que la Fiscalía pidiera prisión preventiva contra 21 procesados, entre ellos Antonio Goncalves, exministro de Energía.

Ellos son acusados por la Fiscalía como autores y coautores del presunto delito de peculado.

Además del Fiscal General encargado y defensores de los procesados, a esta diligencia, que se reinstaló a las 9:30, acuden delegados de la Procuraduría, el Ministerio de Energía y CELEC.

• "Me arrepiento de haber entrado por esos tres meses", dice el exministro Antonio Goncalves, que será procesado por el caso Apagón

Rodríguez ratificó su competencia para conocer esta causa y dijo que se ha garantizado el derecho a la defensa de los procesados.

La Fiscalía acusa a los implicados como presuntos autores y coautores del delito de peculado, dentro de una investigación por supuestas irregularidades en la contratación de proyectos de generación eléctrica de emergencia en las centrales térmicas de Salitral y Quevedo.

Según el expediente, el Estado ecuatoriano habría realizado pagos superiores a USD 104,3 millones a la empresa estadounidense Progen Industries LLC (Progen), en el marco de dos contratos emergentes destinados a enfrentar la crisis eléctrica.

El proceso incluye a exfuncionarios del sector eléctrico, entre ellos el exgerente de Termopichincha, Byron Fernando O. M., quien suscribió los contratos, y el exgerente de Celec, Fabián Mauricio C. F., quien declaró la emergencia y autorizó las contrataciones.

La Fiscalía sostiene que se habrían omitido procedimientos de contratación pública y que los contratos fueron adjudicados pese a presuntos incumplimientos técnicos, económicos y jurídicos. Además, se habría entregado un anticipo del 70 % del valor total, sin que los proyectos entraran en operación.

De acuerdo con la investigación, los motores contratados para las centrales debían estar operativos en noviembre de 2024; sin embargo, nunca habrían entrado en funcionamiento, lo que habría generado un presunto perjuicio estatal por más de USD 104 millones.