Contraloría exige nueva declaración patrimonial a funcionarios considerados 'Personas Expuestas Políticamente'

La Contraloría General del Estado (CGE) informó, este miércoles, 30 de julio de 2025, que todos los servidores públicos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP) deberán presentar una nueva declaración patrimonial jurada, con información detallada sobre sus ingresos, bienes y vínculos económicos dentro y fuera del país.

La medida se basa en las reformas introducidas por la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que entró en vigencia el 29 de julio.

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Esta norma modificó también la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.

Según el comunicado de la Contraloría, la obligación aplica a quienes ocupan cargos del nivel jerárquico superior en las instituciones del Estado. La declaración deberá incluir:

• Cargos actuales fuera de la función pública, sean remunerados o no;
• Fuentes de ingresos adicionales, nacionales o internacionales;
• Remuneración como servidor público;
• Bienes, sociedades o fideicomisos en los que sean beneficiarios el declarante, su cónyuge o hijos menores;
• Derechos de representación otorgados o adquiridos.

El trámite será gratuito y deberá completarse a través del sitio web de la Contraloría, entre el 1 y 31 de agosto de 2025.

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La disposición abarca a quienes desempeñan los siguientes cargos o funciones públicas:

• Todos los cargos de elección popular.
• Servidores públicos del grado 5 al 10 del nivel jerárquico superior y sus equivalencias.
• Subgerentes de área.
• Directores, gerentes, subgerentes, asesores y coordinadores de empresas públicas estatales.
• En las Fuerzas Armadas y Policía Nacional: desde el grado de teniente coronel.
• En la Fuerza Naval: desde capitán de fragata.
• Autoridades de gobiernos autónomos descentralizados (GAD): alcaldes, vicealcaldes, concejales, administradores, comisarios, directores, gerentes, subgerentes, asesores y coordinadores.
• Asambleístas principales y suplentes, y personal directivo de libre nombramiento y remoción de la Asamblea Nacional.
• Gobernadores e intendentes.
• Prefectos, viceprefectos, consejeros y directores de las prefecturas.
• Diplomáticos, embajadores y cónsules, tanto los acreditados en el país como quienes cumplen delegaciones en el exterior.
• Magistrados, jueces, conjueces, fiscales, presidente y vocales, director general y provinciales, asesores y coordinadores del Consejo de la Judicatura.
• Gerentes y directores de hospitales, centros o unidades de salud.
• Directores del Ministerio de Educación.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el contralor general, Mauricio Torres, emitió el Acuerdo No. 031-CG-2025, que contiene el reglamento para el registro electrónico de las declaraciones patrimoniales. Las unidades de Talento Humano deberán notificar a los funcionarios alcanzados por esta medida.

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La Contraloría advirtió que verificará el cumplimiento y que la omisión será considerada una falta grave, sancionada conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público.