Corte Constitucional amaneció militarizada previo a marcha convocada por el presidente Daniel Noboa
Un centenar de militares y policías resguarda el edificio. La marcha oficialista saldrá desde el puente del Guambra.
Exteriores de la Corte Constitucional protegida con vallas de la Policía Nacional. 12 de agosto de 2025
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La mañana de este martes 12 de agosto de 2025, la Corte Constitucional (CC) amaneció con un fuerte resguardo militar, horas antes de la marcha convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa, en rechazo a la suspensión de 17 artículos de las leyes de Integridad, Inteligencia y Solidaridad, aprobadas por la Asamblea Nacional.
Según un oficial a cargo, alrededor de 100 militares fueron desplegados en los exteriores y calles aledañas, realizando controles a mochilas y vehículos, incluso a unidades institucionales.
Cerca de las 10:15, personal de la Policía Nacional empezó a vallar los exteriores de la Corte Constitucional.
Las actividades en la CC se desarrollan con normalidad. El personal ingresó a sus labores y, de acuerdo con una fuente policial, los jueces también lo harán de forma presencial.
La calle José Tamayo fue cerrada al tránsito desde dos cuadras antes del edificio.
Un grupo de aproximadamente 70 simpatizantes del Gobierno llegó temprano a la CC, pero fue redirigido hacia el punto de concentración de la marcha, en el puente del Guambra, en el centro de Quito.
Desde allí partirá la movilización oficialista, prevista para las 11:00, con destino a la Corte, donde se prevé que concluya de forma pacífica.
En las últimas semanas, la Corte Constitucional ha recibido unas 34 demandas contra las tres leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea.
El tribunal decidió suspender de forma temporal algunos artículos mientras resuelve sobre su constitucionalidad.
Entre las normas afectadas está la Ley de Inteligencia, que regula el manejo de información para la seguridad; la Ley de Integridad Pública, que establece controles y sanciones para servidores públicos; y la Ley de Solidaridad Nacional, que crea contribuciones económicas para financiar proyectos en temas de seguridad.
El Gobierno ha cuestionado la decisión del máximo órgano de control constitucional, asegurando que esas suspensiones limitan las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad interna.
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