Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, será procesado por presunto enriquecimiento ilícito

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien está suspendido del cargo por seis meses, se suma a las autoridades investigadas por presuntos delitos de corrupción en Ecuador.

El 17 de septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado pidió hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Una fuente del Ministerio Público confirmó a Primicias que la solicitud está dirigida a una unidad judicial especializada en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado.

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Mientras tanto, Cristian Zamora, quien se encuentra en tratamiento por una enfermedad, anunció la noche del domingo 20 de septiembre que saldrá del país para continuar su tratamiento.

Meses atrás, la Fiscalía inició una investigación previa en contra del alcalde de Cuenca, a raíz de un informe de la Contraloría General del Estado. Las autoridades realizaron allanamientos tanto en el Municipio de Cuenca como en su casa.

“Dicen que me he enriquecido con recursos que entre familiares nos hemos prestado”, se defendió el alcalde, propietario de una empresa de alimentos, cuya actividad económica está relacionada con la investigación.

Zamora sostuvo que la investigación surge de “la persecución de la Contraloría”, entidad con la que ya ha mantenido enfrentamientos a raíz de los exámenes de auditoría realizados a su gestión. Sin embargo, según el alcalde, las indagaciones se remontan a antes de que asumiera la Alcaldía de Cuenca.

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Sobre su estado de salud, el 30 de agosto, el funcionario informó que se encuentra sometido a un riguroso proceso de fisioterapia debido a una pérdida significativa de peso y fuerza muscular, lo que le ha impedido retomar sus actividades cotidianas.

Según explicó, su recuperación tomará varios meses. En ese contexto, en una declaración publicada en sus redes sociales, Zamora señaló que “ya no tendría sentido regresar por un par de meses” a la Alcaldía, luego de la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunta violencia política de género.