Daniel Noboa envía nuevamente la 'ley antipillos' con otro nombre y cambios en el impuesto vehicular

La llamada 'Ley antipillos' o el proyecto orgánico para mejorar la recaudación, a través del combate de lavado de activos, ha copado la agenda presidencial este 8 de noviembre de 2024.

Un día después de enviar el proyecto a la Asamblea, el presidente Daniel Noboa retiró la norma, según consta en una carta dirigida a la titular del Legislativo, Viviana Veloz.

Y unos minutos después, volvió a remitir la norma bajo el nombre 'Ley Antilavados', y con cambios. 

El principal cambio es la suspensión del impuesto vehicular, que en el nuevo proyecto se aclara que solo se aplicará a autos con tarifa progresiva. 

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Según indica en un comunicado de la Presidencia, el proyecto enviado este viernes "elimina el Impuesto Único Vehicular", con el objetivo de que la norma no sea bloqueada desde la Asamblea Nacional. 

Al igual que el anterior documento, el proyecto de ley fue enviado con el carácter de económico urgente para que sea tramitado por el Legislativo. 

"El propósito de la ley no es afectar la economía de las familias ecuatorianas, sino regular el comercio en los patios de venta de autos usados", agregó el comunicado de la Presidencia. 

"El CAL no tendrá pretextos, el impuesto corresponderá a vehículos usados", aseguró el Ejecutivo. De hecho, en la mañana el presidente Noboa había mencionado sobre la posibilidad de que el Consejo de Administración Legislativa no califique el proyecto.

Asamblea reprende al Gobierno y lo conmina a que complete el documento

La actuación del primer mandatario generó el rechazo desde la Asamblea Nacional que lidera la correísta Viviviana Veloz. "Exigimos al Gobierno Nacional una gestión política seria y responsable", señaló un comunicado institucional.

El Parlamento rechazó que, antes de cambiar el texto, el presidente Noboa haya "puesto en duda" la voluntad política del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para calificar a trámite esta propuesta. Noboa, quien no tiene mayoría en ese organismo, incluso lanzó una encuesta en sus redes sociales sobre el futuro de esta propuesta.

Además, el Legislativo "conminó" al Ejecutivo a que complete el documento, al detectar que no fue entregado con el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas, que exige el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para estos casos.