"Precampaña electoral y entrega de donaciones y dádivas", las denuncias contra los candidatos aumentan en el TCE
Los denunciantes del candidato a alcalde de Quito, Jorge Yunda, piden la máxima sanción por una supuesta infracción grave, mientras que al TCE llegó una queja en contra de Roberta Zambrano en Esmeraldas.
Ingreso al edificio del Tribunal Contencioso Electoral, ubicado en el centro- norte de Quito, el 7 de octubre de 2026.
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PRIMICIAS.
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Con la audiencia oral única de pruebas por la denuncia en contra del candidato a alcalde de Quito, Jorge Yunda, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) empezó a tramitar el 7 de octubre una serie de casos de supuesta campaña anticipada que siguen llegando al organismo, previo a las elecciones seccionales de Ecuador.
En una diligencia que se extendió cinco horas, entre interrupciones y suspensiones, la defensa de Yunda y de la candidata a la Prefectura de Pichincha, Carla Cevallos, negaron que los eventos denominados "Risoterapia" sirvieron de plataforma para las seccionales del 29 de noviembre.
El abogado de la denunciante, Dominique Álvarez, insistió que los candidatos por el partido Avanza habrían aprovechado los encuentros, que se presentan como espacios artísticos de distracción, para promocionar su voz, imagen y nombre.
Este podría ser el primer caso en el que el TCE se pronuncie dentro de una serie de denuncias que han ingresado por supuesta campaña electoral anticipada. El juez Ángel Torres emitirá un dictamen de primera instancia en los siguientes días.
Nuevas denuncias en el TCE
Hasta miércoles 7 de octubre hay siete denuncias en la página web del TCE en torno a posibles infracciones cometidas por candidatos que ya están en firme, relacionadas a la promoción electoral anticipada.
Una de las más reciente ingresó el 6 de octubre. La interpuso el exasambleísta, Linder Altafuya, identificado con Unidad Popular, en contra de la candidata a alcaldesa de Esmeraldas, Roberto Zambrano, de Acción Democrática Nacional (ADN).
La acusa de "entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos no autorizados por la autoridad electoral, durante el periodo de campaña electoral, en el caso de representantes legales, candidatos, responsables económicos y jefes de campaña de las organizaciones políticas".
Zambrano se vio envuelta en una polémica por la supuesta aparición de menores de edad en un acto proselitista, por lo que varios sectores han pedido una investigación al Consejo Nacional Electoral (CNE). La candidata de ADN lo ha negado.
El 5 de octubre ingresó al TCE una denuncia en contra del vicealcalde de Yaguachi, en Guayas, Julio Ramón Chila Morán, quien presuntamente ha incurrido en "actos de campaña anticipada o precampaña electoral".
La alcaldesa de ese mismo cantón y candidata a la reelección por el Partido Social Cristiano (PSC), Viviana Olivares ColI, sumó una segunda denuncia por el supuesto adelanto de la campaña electoral.
Esta ya fue unificada a la queja presentada ante el TCE por el ciudadano Fernando Lagla Gualpi. La alcaldesa, que ganó su primera elección con el auspicio de Revolución Ciudadana (RC), tendrá que defenderse en audiencia el 28 de octubre.
Casos en proceso
En Santo Domingo de los Tsáchilas, dos candidatas del Partido Unidad Popular tienen denuncias en proceso en el TCE por la supuesta infracción electoral grave de adelantar la campaña electoral.
Una de ellas es contra la candidata a la Prefectura de esa provincia, Lady Cedeño Moreira, actualmente vicepresidenta a nivel nacional del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).
Una situación similar enfrenta la candidata por Unidad Popular a la Alcaldía de Santo Domingo, Liliana Silva Galeas, que fue llamada por el TCE para el 22 de octubre próximo.
El candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Andrés Roche, también fue denunciado por la supuesta "contratación, en forma directa o por terceras personas, de espacios en cualquier modalidad en radio, televisión, medios digitales o prensa escrita, para realizar campaña electoral".
Ese proceso fue archivado el 4 de octubre, porque a criterio del juez Guillermo Ortega, que llevaba la causa, el denunciante no cumplió aclarando y especificando la denuncia en 48 horas, como establece la ley.
La campaña anticipada es una infracción electoral grave, y sancionada con multas entre seis hasta 10 salarios básicos unificados, destitución y suspensión de derechos de participación hasta seis meses.
La máxima sanción es la que pidieron los denunciantes del candidato a alcalde de Quito, Jorge Yunda, y la aspirante a prefecta de Pichincha, Carla Cevallos, en la audiencia del 7 de octubre.
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