Fiscalía solicita el archivo del caso por presunto peculado contra el expresidente Guillermo Lasso
La fiscal General del Estado, Diana Salazar, solicitó el archivo del caso Flopec, que investiga por presunto peculado al expresidente de la República, Guillermo Lasso y su círculo cercano.
Fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado, en el centro norte de Quito.
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La Fiscalía General del Estado ha solicitado el archivo de la investigación por presunto peculado en contra del expresidente Guillermo Lasso, su cuñado Danilo Carrera, Hernán Luque y otros funcionarios, en el marco del caso vinculado a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
La petición enviada fue conocida el 21 de abril de 2025 por la jueza Daniella Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
La jueza Camacho otorgó un plazo de tres días para que las partes involucradas se pronuncien sobre la solicitud presentada por la fiscal general Diana Salazar.
Entre los posibles opositores a este archivo se encuentra la exasambleísta Mireya Pazmiño, quien fue la denunciante del caso en su calidad de legisladora en funciones.
El abogado de Pazmiño, Washington Andrade, calificó la investigación previa como “larga y lenta” y expresó su sorpresa por la celeridad con la que la jueza tramitó la petición fiscal.
“Nos ha sorprendido que la jueza despache en tiempo récord, el mismo día. Esto normalmente toma semanas o incluso meses. Sospechamos que existe intención de beneficiar con este dictamen al expresidente y a los otros investigados”, afirmó Andrade.
Según el jurista, ya están preparando su oposición formal al archivo de la causa, y esperan que la Procuraduría General del Estado también se pronuncie en el plazo concedido.
El contexto del caso Flopec
La investigación por presunto peculado se remonta al proceso de juicio político que enfrentó Guillermo Lasso en 2023. La única acusación admitida por la Corte Constitucional fue justamente la de peculado, vinculada a contratos de transporte petrolero entre Flopec y el consorcio internacional Amazonas Tanker Pool.
El informe de la Contraloría General del Estado, emitido en noviembre de 2021, advirtió que estos contratos generaron perjuicios económicos al Estado ecuatoriano, por al menos USD 6,1 millones, debido al arrendamiento de buques a costos superiores a los ingresos obtenidos.
La empresa Amazonas Tanker, registrada en las Islas Marshall (considerado paraíso fiscal) fue incluida en el contrato a través de un adendo firmado en 2020, antes del inicio del mandato de Lasso en mayo de 2021.
Los asambleístas de ese entonces argumentaron que el presidente tuvo conocimiento de las irregularidades y no actuó para detenerlas.
Según la acusación, el exgerente de Flopec, vicealmirante Jhonny Estupiñán, intentó terminar el contrato, pero fue removido de su cargo y reemplazado por personas supuestamente cercanas a Hernán Luque, entonces presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), designado por Lasso.
El 16 de mayo de 2023, Lasso compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para defenderse en el marco del juicio político.
Luego, invocó el mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, mediante el Decreto Ejecutivo No. 741, disolviendo la Asamblea y convocando a elecciones anticipadas.
La defensa de Lasso
Desde el inicio del proceso, Guillermo Lasso había sostenido su inocencia. En cadena nacional, en marzo de 2023, declaró que los contratos investigados fueron firmados antes de su gobierno y que no pueden atribuírsele responsabilidades sobre actos que no ocurrieron bajo su administración.
Además, afirmó que no existían denuncias formales en Fiscalía respecto al caso hasta ese momento.
La Fiscalía, al solicitar el archivo, ha señalado que no existen los elementos suficientes que permitan establecer la existencia del delito de peculado en este caso. Este criterio será ahora valorado por la jueza, quien deberá decidir si acoge el pedido o permite la continuación del proceso penal.
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