Germán Rodas: "Hay un núcleo delincuencial que está por años en la función pública; son pocos, pero son clave"

La Comisión Nacional Anticorrupción, una iniciativa ciudadana de veeduría enfocada sobre todo en la contratación pública, cumple 10 años de existencia este 2025. En este tiempo, han presentado más de 50 denuncias, pero sus miembros también han sido denunciados y perseguidos. Aun así, el balance que hacen del trabajo de una década es bueno.

Germán Rodas Chaves, historiador, escritor y académico, es el actual coordinador de la Comisión. En entrevista con PRIMICIAS, hizo un balance sobre los 10 años de funcionamiento, que les ha llevado a concluir que las "mafias" que operan en la corrupción estatal funcionan independientemente del gobierno de turno

Por ello, hace un llamado a que exista la voluntad política de luchar contra estos esquemas, pues hasta el momento cree que la lucha contra la corrupción se ha quedado sólo en el discurso, sobre todo en la época de elecciones.

La Comisión Anticorrupción está integrada también por Ximena Moreno, Marco Antonio Rodríguez, Gustavo Vega, Juan Cuvi, Alfredo Borja, Verónica Miranda, Ramiro Beltrán, Diego del Castillo, Enrique Galarza y Patricio Albuja.

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¿Cuál es el balance que hace de estos 10 años de la Comisión Anticorrupción?

Fue una iniciativa de los movimientos sociales del país, de los trabajadores, de los indígenas, de los campesinos de gremios como de arquitectos, ingenieros, abogados médicos de sectores académicos de la unión nacional de educadores, de juventudes, de las FEUE del país, que nos entregaron una tarea frente a la inoperancia de los organismos de control de aquellos años, de los años 2015.

Entonces se constituyó la Comisión Nacional Anticorrupción, con personas que provenían de diversos ámbitos sociales, académicos, etc. Y déjeme recordar, al menos a los que ya no están con nosotros, porque en fallecido: Julio César Trujillo, Isabel Robalino, María Arboleda, el primer coordinador de la comisión, Jorge Rodríguez Torres, y Francisco Muñoz.

Hasta ahora ha sido un trabajo ininterrumpido, constante. Es un mérito de todos nosotros. Lo debo decir así porque sin recursos de ninguna naturaleza ni públicos ni privados sin donaciones, sino con el esfuerzo de cada uno de nosotros, hemos mantenido una tarea que es ha sido para demostrar los ilícitos, los actos inadecuados e irregulares de corruptela existentes en el país.

Han sido 10 años intensos sin descanso y con un esfuerzo extraordinario de todos nosotros. Además con una virtud, que cuando vamos a una denuncia, cuando apuntamos un un caso, esta deberá pasar siempre por el conocimiento de todos y cada uno de nosotros. La unanimidad es lo que ha prevalecido en todas las acciones, incluidas las denuncias alrededor de 50 o 60 denuncias en Fiscalía y o tras otras más en la Contraloría. 

Y lo que ha dejado es denunciar alrededor de 105 delitos en este periodo en estos 10 años.

La investigación de la contratación pública se puede volver bastante técnica, y por lo tanto enredada. ¿Qué han tenido que aprender en estos años para poder navegarla?

Lunto a este equipo, que es el de la Comisión, hay algunas amistades, amigos que nos da nos dan acompañamiento técnico. Comenzando por lo jurídico, porque tenemos que entrar inmediatamente a la defensa de cada denuncia, porque la contrademanda es la mejor forma de actuar por parte de los corruptos.

Evidentemente, las cosas se nos han complicado en momentos determinados. Por ejemplo, ingresar al Sercop es una cosa imposible, porque el Sercop tiene una serie de códigos que además varían de un de un tiempo a otro; es una forma de encubrir lo que ocurre en las compras públicas. El Sercop es parte del acto colusorio de la corrupción, y no ahora, sino desde su creación. El Sercop debería desaparecer, pero hemos aprendido a dar seguimiento a contratos grandes importantes.

En otros casos, tenemos denuncias. Y en la época de la pandemia, por ejemplo, nosotros hicimos una indagación en las farmacias, averiguando (los precios de) determinados productos, y descubrimos que esos productos de las farmacias tenían un valor menor al que compraban los hospitales. Fue una forma facilísima de descubrir el sobreprecio.

De todo este trabajo de una década, ¿cuál diría que es el caso más importante que han denunciado?

Yo diría que un caso emblemático es la denuncia sobre Manduriacu. Fue la primera denuncia en la que demostramos el sobreprecio de Odebecht en la construcción de esta hidroeléctrica, un sobreprecio enorme, gigantesco, que bordeaba casi el 70% con contratos complementarios, que fueron la forma de encubrirlo. 

Esa fue la punta del iceberg para que nosotros comprendiéramos el rol de Odebrecht en el país y en el aprovechamiento de la obra pública. De allí, vimos el salto inmediato a la Refinería del Pacífico.

Estos dos casos se juntaron en un punto determinado, porque llegábamos a misma conexión con el servicio del controlador de aquel entonces (Carlos Pólit). Esto provocó el juicio de Pólit en contra de la Comisión, que nos llevó a que fuésemos sentenciados por una jueza, Karen Matamoros, que leyó un texto preparado en la Contraloría. Y luego ellos nos quitaron la sentencia en ese mismo momento como un acto de conmiseración y de ofensa a la Comisión.

Luego vinieron en cadena sucesivamente juicios de diversos otros funcionarios públicos. Llegamos a tener una deuda acumulada  los miembros de la Comisión por cerca de USD 60 millones, porque todos nos pedían un pago de indemnizaciones por haber manchado su honra. 

La defensa del Hotel Quito también ha sido muy importante, porque es defender un bien público y patrimonial, vendido a una empresa china con un precio menor al que estaba previsto, y sobre todo algo que no se puede vender, porque es un bien público patrimonial.

Es un tema está inconcluso que inclusive la actual administración ha señalado de manera pública que intentarían recuperar el Hotel Quito. Pero tampoco se da un solo paso respecto de este tema.

De su trabajo en estos 10 años, ¿usted podría decir que hay un patrón en la corrupción? 

Hay carencia de decisión política para enfrentar la corruptela. El patrón se mantiene precisamente por esa ausencia de una voluntad política para confrontar estas desviaciones de la conducta ética en el ejercicio de las responsabilidades públicas. 

Creo que el elemento clave es la presencia de un núcleo delincuencial que está por años en la función pública. Son pocos empleados, pero que son los claves en determinadas administraciones, en determinados lugares de trabajo, que conocen los términos de referencia, que son los que están vinculados con la subasta inversa, que son los que deben llevar a los procesos de puja...

Ellos entregan la información al sector privado para efectos de obtener ventajas. Ese es el acto colusorio. Y estas gentes se han ido quedando en Celec, en Petroecuador en el IESS, en los hospitales, en la estructura de salud pública del país. Muchos de ellos son personas que están 20 años, por lo menos.

Pero el otro elemento clave es la impunidad, porque saben perfectamente que no va a pasar nada. Y ahora somos testigos que, además la justicia se pone al servicio de estos intereses, y hay jueces de alquiler y hay una justicia amordazada, temerosa, comprometida con la corruptela.

Usted dice que lo que falta es voluntad política, independientemente del gobierno que esté en el poder. ¿Hacia dónde debería apuntar esa voluntad?

Nosotros, como Comisión Nacional Anticorrupción, somos independientes del poder, de manera que casi no nos interesa quién esté el ejercicio del cargo público.

Pero hemos podido constatar ciertamente que la lucha contra la corrupción a veces se vuelve una muletilla, un instrumento mediático, un factor de promoción político electoral. Y eso diluye la lucha de quienes enarbolan las banderas de anticorrupción. 

Los politicos, o algunos politicos que han llegado a funciones importantes en el país, descubrieron que luchar contra la corrupción desde el discurso era conveniente, forma parte del vademécum de la política electoral. Pero no son capaces de poner en orden la cosa pública, y no los son porque a veces tienen vinculaciones de evidentes. 

No hay voluntad política, hay un discurso político y hay una plataforma eleccionaria a propósito de la lucha contra la corrupción. Y los organismos encargados de esto, como el Consejo de Participación, tampoco contribuyen a nada, porque ese es un organismo que les sobra al país.

¿Ha sido la sociedad civil la que ha tenido que asumir el rol de estas instituciones?

Y con nulos recursos, porque los recursos nunca van a ser suficientes para la lucha contra la corrupción. Mientras el Consejo de Participación simple y llanamente son operadores para distribuirse las superintendencias.

Justamente, sin recursos. ¿Cómo han trabajado estos 10 años?

Ha sido muy sacrificado. En la comisión hay personas vinculadas al campo de la literatura, de la Academia, de la actividad de intelectual en en su conjunto. Todos hemos tenido que bajar el ritmo en esa producción. 

Por ejemplo, hemos descuidado los fines de semana, pero tampoco es una especie de circunstancia de la que nos de arrepentimos. Lo hemos hecho con absoluta responsabilidad, con los apoyos familiares indispensables y con la comprensión de la ciudadanía. El esfuerzo vale la pena, pero ciertamente es complicado y difícil. 

Si tengo que contarle anécdotas, hemos hecho ruedas de prensa en algún hotel, y las personas que van nos encuentran poniendo nuestra cuota para para el pago de local.

Tenemos un secretario ad-honorem; todos los abogadas que nos defienden y todos los equipos que nos ayudan son técnicos, que saben que es una contribución voluntaria.

Pero ha valido darle pena y el esfuerzo. Creo que ninguno de los que conformamos la Comisión Nacional Anticorrupción nos arrepentimos de aquello. Por eso, esta lucha se constituye una especie de acción cotidiana, que nos acompañan a nuestras otras actividades y en el curso de nuestra vida.