Juez se declara incompetente en apelación de Aquiles Alvarez por traslado a Cárcel del Encuentro

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, permanecerá recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro. Este 30 de marzo de 2026, un juez de Santa Elena se declaró incompetente para revisar la apelación presentada por la defensa del burgomaestre, por lo que se mantiene la medida de prisión preventiva.

El juez Jean Daniel Valverde, de la Unidad Judicial Penal de La Libertad, en Santa Elena, adoptó esta decisión.

El magistrado dispuso remitir el caso al juez penal que lleva la causa principal, al señalar que Alvarez se encuentra bajo prisión preventiva y no tiene sentencia ejecutoriada, por lo que su situación no corresponde a garantías penitenciarias.

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La defensa, liderada por Ramiro García, cuestionó la decisión y advirtió que el traslado dispuesto por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) afecta la seguridad del alcalde y dificulta su defensa en las audiencias que se realizan en Quito.

Alvarez se encuentra en ese centro penitenciario desde el pasado 8 de marzo, cuando, tras una audiencia del caso Triple A, se le dictó una segunda prisión preventiva. Luego de esa diligencia, fue trasladado desde la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, hasta el centro penitenciario de Santa Elena.

De acuerdo con la versión oficial del Gobierno, expuesta por el ministro del Interior, John Reimberg, el traslado respondió a razones de seguridad. La decisión se sustentó en un informe reservado del SNAI que advertía posibles riesgos contra la integridad del alcalde en la cárcel de Latacunga.

Además del caso Triple A, en el que es investigado por presunta comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte, Alvarez también fue vinculado al caso Goleada, que derivó en su detención el 10 de febrero.

En este último proceso, la Fiscalía indaga la existencia de un presunto entramado empresarial, que habría sido liderado por los hermanos Alvarez Henriques, para cometer los delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.