Detenciones por conducir en estado de embriaguez en Quito aumentan casi un 95% en lo que va de 2026
Las detenciones de conductores en estado de embriaguez en Quito casi se duplicaron en 2026, y la mayoría de los infractores está en el rango de edad de 18 a 35 años.

Control de alcocheck realizado por un agente de la AMT, en Quito.
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AMT
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En medio de los accidentes de tránsito recurrentes en Quito, el número de conductores arrestados por manejar bajo los efectos del alcohol en la capital también se incrementó, rozando un 95% de aumento en lo que va de 2026.
De acuerdo con los reportes estadísticos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), del 1 de enero al 14 de agosto de este año se reportan 860 conductores aprehendidos por conducir en estado de ebriedad.
Esto representa un repunte del 92,4% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 447 detenciones.
Las autoridades locales atribuyen este incremento de detenciones a la ejecución de 412 operativos preventivos de control desplegados en las zonas norte, sur, centro y en la avenida Simón Bolívar.
Del total de las 860 detenciones acumuladas, 692 corresponden a conductores de autos particulares, seguidos por 125 motociclistas, 31 taxistas, seis choferes de transporte público, tres de carga pesada y tres de transporte escolar.
El grupo de edad que presenta mayor incidencia en esta infracción se sitúa entre los 18 y los 35 años.
A pesar de este marcado incremento en las detenciones en las vías, la AMT asegura que hubo una disminución marginal en la siniestralidad vinculada al alcohol: en el período evaluado de 2026 se registraron 332 accidentes y 15 decesos, frente a los 338 siniestros y 16 muertes ocurridas en el año previo.
Sanciones y penas de cárcel según el nivel de alcohol
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones que contemplan multas económicas, reducción de puntos en la licencia de conducir y días de prisión.
Estas penalizaciones se dividen de manera progresiva en tres escalas de alcohol por litro de sangre:
- De 0,3 a 0,8 gramos: Se aplica una multa de un salario básico unificado (SBU), la pérdida de cinco puntos en la licencia y una pena de cinco días de privación de libertad.
- Entre 0,8 y 1,2 gramos: El infractor recibe una multa de dos salarios básicos, la pérdida de 10 puntos en su documento de conducir y una sanción de 15 días en prisión.
- Superior a 1,2 gramos: En esta categoría extrema se aplica una multa de tres salarios básicos, la suspensión de la licencia por 60 días y una pena de 30 días de cárcel.
Para el sector del transporte público, comercial, escolar o de carga, las leyes ecuatorianas aplican una política de "tolerancia cero" ante el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas.
El nivel máximo permitido para estos conductores profesionales es de 0,1 gramos de alcohol por litro de sangre; en caso de superar este límite mínimo, el chofer es sancionado de forma directa con la pérdida de los 30 puntos de su licencia y un período de 90 días de prisión.
El factor humano y la sombra de la corrupción en las licencias
Conducir bajo los efectos del alcohol se mantiene como la tercera causa de siniestros de tránsito en Quito, únicamente superada por el exceso de velocidad y la inobservancia de las señales viales.
Expertos de la Iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Mundial advierten que la sociedad quiteña ha normalizado conducir bajo los efectos del alcohol, asumiendo erróneamente que pequeñas cantidades no reducen sus reflejos.

Esta falta de percepción del riesgo provoca que los siniestros ocurridos bajo este estado tengan consecuencias mucho más graves y letales en las vías urbanas.
A escala nacional, la impericia y la irresponsabilidad vial de los conductores constituyen el origen del 96% de los accidentes de tránsito en el país.
Esta realidad se agudizó tras las revelaciones del denominado 'Caso Jaque' a inicios de 2026, una investigación que destapó una red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dedicada a la entrega ilegal de licencias profesionales y anulación fraudulenta de multas.
Este esquema informático delictivo permitió que miles de choferes no calificados circularan por las carreteras nacionales, incidiendo en un aumento generalizado de la siniestralidad que en el primer mes del año reportó 1.595 accidentes y un saldo de 206 personas fallecidas, ubicando a la provincia de Pichincha como la segunda con mayor mortalidad vial del país.
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