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Seguridad

Caso Las Malvinas | Juez llama a juicio a militares por desaparición forzada y ratifica prisión para 16 imputados

El juez Dennis Ugalde consideró que existen méritos suficientes para que un tribunal penal valore las pruebas por la desaparición de cuatro menores de Las Malvinas en Guayaquil. También mencionó que dos de las defensas reconocieron que hubo un “espíritu de cuerpo” con afán de encubrimiento. 

Un militar investigado por la desaparición forzada de los cuatro niños y adolescentes de Las Malvinas, asiste esposado a la reconstrucción de los hechos en Taura, el 17 de marzo del 2025.

Un militar investigado por la desaparición forzada de los cuatro niños y adolescentes de Las Malvinas, asiste esposado a la reconstrucción de los hechos en Taura, el 17 de marzo del 2025.

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API

Autor:

Redacción primicias

Actualizada:

08 oct 2025 - 20:10

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Tras más de diez horas de diligencia, y luego del segundo día de audiencia de preparatoria de juicio, el juez Dennis Ugalde dictó la noche de este miércoles 8 de octubre de 2025 el auto de llamamiento a juicio contra los 17 militares procesados por la detención ilegal y presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en el sur de Guayaquil, un caso que estremeció al país en diciembre de 2024.

El magistrado sostuvo que existen méritos suficientes para que un tribunal de garantías penales conozca el caso en etapa de juicio oral, donde se evacuarán las pruebas, testimonios y peritajes que permitan determinar la responsabilidad penal de los acusados.

Ugalde decidió mantener la prisión preventiva para 16 de los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados como autores responsables directos y mantuvo medidas de presentación periódica para un teniente coronel acusado como cómplice. "Dentro de las disímiles posturas de la defensa, dos abogados reconocieron que se actuó con espíritu de cuerpo con afanes de encubrimiento", señaló.

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"No se han desvanecido ni atenuado los elementos que dieron origen a la prisión preventiva", señaló el magistrado, que también tiene previsto dictar medidas de prohibición de enajenación sobre bienes patrimoniales de los implicados, a fin de garantizar una potencial reparación a las víctimas. "No se ha negado que 16 militares tomaron procedimiento. Los hechos no han sido refutados por nadie". dijo.

¿A ninguno (de los militares) se les hizo raro dejar desnudos a menores de edad en un camino de segundo orden, no se les hizo raro que se estaba afectando a la dignidad y a la integridad de estas personas?

Juez Dennis Ugalde.

Ugalde enfatizó que ninguna de las partes controvirtió los hechos principales: la intervención militar en la detención del niño y los tres adolescentes, su posterior desaparición y el hallazgo de restos calcinados semanas después. Cuestionó además el trato degradante que habrían sufrido las víctimas, quienes según testimonios fueron golpeadas, ultrajadas y dejadas desnudas en un camino rural.

La decisión no implica una condena, sino la apertura formal del juicio, donde un tribunal evaluará si existen pruebas que demuestren culpabilidad más allá de toda duda razonable o si corresponde ratificar la presunción de inocencia de los acusados, recordó.

El caso Las Malvinas

El proceso se relaciona con la desaparición de Josué e Ismael Arroyo Bustos, Nehemías Arboleda Portocarrero y Steven Medina Lajones, de entre 11 y 15 años, quienes resultaron detenidos el 8 de diciembre de 2024 durante un operativo militar en el sur de Guayaquil. Sus cuerpos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre de 2024 en un paraje rural de Taura, cantón Naranjal (Guayas).

La audiencia preparatoria, instalada finalmente el martes 7 de octubre tras seis postergaciones y múltiples incidentes procesales, tenía como propósito revisar la validez del proceso, valorar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y decidir si el caso avanzaba o no a juicio. El juzgador también decidió excluir de los elementos de prueba de la Fiscalía un parte policial, al recordar que son los testimonios periciales los que deben incorporarse como elementos probatorios. 

Con esta resolución, el expediente pasa ahora a la siguiente etapa judicial, donde se determinará la responsabilidad penal de los militares acusados en una de las causas más graves y simbólicas de violaciones a derechos humanos en la última década en Ecuador.

  • Amnistía Internacional alerta de 43 desapariciones forzadas y cuestiona los "excesos" de la militarización en Ecuador
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Con una marcha recordaron un mes de la desaparición y posterior ejecución de los cuatro menores de edad originarios del sector de Las Malvinas, en Guayaquil, el 8 de enero del 2025API

Alegatos enfrentados en la audiencia 

Durante el segundo día de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, las partes procesales concluyeron la exposición de sus alegatos. El martes 7 lo hicieron cinco de las defensas técnicas, y este miércoles intervinieron el resto de los abogados que representan a los 17 militares vinculados. 

La mayoría de las defensas insistió en que no se configura el delito de desaparición forzada, al sostener que las víctimas lograron comunicarse con sus familiares y enviar su ubicación después de ser liberadas, lo que -según sus argumentos- rompe el nexo causal con una supuesta desaparición.

La mayor parte de los defensores también señalaron que sus defendidos no tenían capacidad de mando, pues cumplían órdenes superiores, atribuyendo la dirección del operativo al subteniente John Henry Z. E., comandante de la patrulla conformada por 16 militares.

  • Un disparo, correazos, patadas y golpes... Los cuatro de Las Malvinas sufrieron múltiples agresiones previo a crimen

Por su parte, el fiscal Christian Fárez refutó los alegatos del abogado Jorge Haz Armas, defensor del subteniente a cargo de la patrulla, quien la víspera justificó que dos de los adolescentes fueron tomados por adultos debido a su estatura.

“El menor de los niños medía 1,40 metros, se tergiversa la versión. Todos los militares tuvieron participación activa dolosa, porque ninguno impidió las agresiones ni se opuso a dejar abandonados desnudos a los menores en un sector de alta peligrosidad, cerca de las 23:00”, afirmó Fárez.

El fiscal subrayó que los uniformados dejaron expuestas a un riesgo extremo en una zona controlada por grupos de delincuencia organizada, lo que -dijo- demuestra la existencia de dolo.

En sus alegatos, la Defensoría Pública complementó la argumentación fiscal al recordar que la configuración del delito de desaparición forzada se sustenta precisamente en la negativa de agentes estatales a reconocer la detención o informar sobre el paradero de las personas privadas de libertad.

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