Gonzalo Boye, el penalista español que pasó de defender a Snowden y Puigdemont a representar al 'Comandante Willy'

La extradición a Ecuador de Willian Alcívar, alias ‘Comandante Willy’, cabecilla de Los Tiguerones, está en entredicho. La Audiencia Nacional de España ha ratificado su decisión de conceder el traslado del narcotraficante, siempre y cuando Ecuador garantice su vida y seguridad.

Alcívar fue detenido en octubre de 2024 en Cataluña, en un operativo conjunto entre autoridades de ese país e Interpol. En Ecuador, enfrenta múltiples cargos por narcotráfico y delincuencia organizada, incluyendo un juicio por el atentado a TC Televisión, en enero de 2024.

La decisión de una extradición condicionada fue tomaba con base en los argumentos presentados por Gonzalo Boye Tuset, abogado del 'Comandante Willy' en España.

Se trata de un abogado español de alto perfil, conocido por asumir defensas mediáticas y complejas, tanto en España como en causas con impacto internacional.

Boye es ampliamente conocido por haber formado parte del equipo legal que asesora al expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española desde 2017, acusado de sedición y malversación por el intento de independencia de Cataluña. 

Además, ha participado en acciones legales relacionadas con la protección de Edward Snowden, el excontratista estadounidense que filtró información clasificada sobre programas de vigilancia masiva.

Esta no es la primera vez que Boye se relaciona con el crimen organizado. Actualmente. está siendo procesado por presunto blanqueo de capitales y falsificación documental relacionados con el caso de Sito Miñanco, contrabandista y narcotraficante español.

Boye ha negado categóricamente haber participado en actividades ilícitas, aportó un audio para cuestionar la versión de la Fiscalía y ha denunciado una campaña de “lawfare” por su trabajo como abogado de líderes independentistas

La defensa de Alcívar se enfoca en evitar su extradición a Ecuador. Boye ha argumentado ante la Audiencia Nacional que su cliente no cuenta con garantías mínimas de seguridad y debido proceso su país, considerando la crisis penitenciaria y la inestabilidad institucional