Morgues, al límite: Falta de médicos legistas y de fondos para limpieza, la crisis de Medicina Legal en el año más violento de Ecuador

El informe emite una alerta pues el número de personas asesinadas en la Costa (Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos) está sobrepasando la capacidad de respuesta del personal. Se trata de un panorama persistente en 2026: "Es urgente fortalecer el área de Patología Forense con la contratación de personal adicional, específicamente médicos legistas, disectores, antropólogos y conductores de vehículos isotérmicos, en los cuales se traslada a las personas fallecidas; personal que es necesario considerando que la Institución en los últimos años ha ampliado su cobertura de atención a otros lugares como Santa Elena, Tena, Puyo, Riobamba, Macas, Babahoyo, Shushufindi, y Portoviejo”, señala la entidad.

Pese a la necesidad urgente de infraestructura forense, la Estrategia de Ampliación de Cobertura del Servicio Nacional fracasó en 2025 por falta de presupuesto. El plan institucional preveía construir 11 Unidades Técnicas de Patología Forense en 10 provincias (Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Zamora Chinchipe, Guayas, Los Ríos, Orellana, Manabí). “Lastimosamente el presupuesto asignado a la Institución durante los años 2023 a 2025 ha sido limitado, lo que no ha permitido la construcción de las Unidades”, señala el documento. Desde 2023, la entidad recibió el 29,13% (poco más de USD 7,8 millones) de los casi USD 27 millones planificados para inversión. Además, la Secretaría de Planificación dejó fuera del Plan Anual 2026 el proyecto de construcción de nuevas unidades para el periodo 2026-2028.

*Revise en el siguiente gráfico el presupuesto de inversión del Servicio Nacional de Medicina Legal: 

El Servicio de Medicina Legal no solo carece de dinero para nuevas obras. El presupuesto corriente asignado para 2025 "no fue suficiente para poder cubrir las necesidades institucionales". Se gestionó con el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de recursos adicionales, especialmente para las contrataciones de limpieza especializada, limpieza administrativa, seguridad y vigilancia. Las gestiones se centraron en obtener recursos que permitieran la contratación de limpieza especializada de las áreas críticas secciones de Tanatología, cuartos fríos y laboratorios, pues la mayor parte de contratos concluían entre los meses de agosto y septiembre de 2025. Tras distintas modificaciones en el año, el presupuesto institucional cerró en USD 9,4 millones y Economía aprobó en el último trimestre un incremento de USD 362.534 para atender los problemas de limpieza y seguridad.

En 2025, el Servicio realizó 500 inhumaciones (entierros) a escala nacional. Pero el sistema forense se enfrenta a limitaciones burocráticas que retrasan el proceso. El informe señala que existe dificultad para obtener autorización fiscal para realizar las inhumaciones de cuerpos no identificados o no reclamados. “Para realizar las inhumaciones de cadáveres en ocasiones es complicado contar con las respectivas disposiciones fiscales, en varios casos no se han emitido las respuestas a los pedidos solicitados, en otros no se cuenta con la información completa que requiere el proceso”, señala el documento. Un ejemplo mediático de esta crisis de manejo de cuerpos fue la del Hospital General del Guasmo Sur. Además, el Ministerio de Salud Pública solicitó capacitación a Medicina Legal en manejo de cuerpos, debido a la cantidad de cadáveres y restos humanos acumulados en la red pública de salud.

*Revise en el siguiente gráfico el mapa de los cuerpos sin reclamar o identificar que tuvieron que ser inhumados por Medicina Legal en 2025:

Las unidades a escala nacional para la recepción de cadáveres o restos humanos operan de lunes a domingo, las 24 horas, pero las autopsias médico legales se realizan en un lapso de nueve horas entre semana, con extensiones los fines de semana (bajo llamado). En respuesta a las presiones para trabajar más allá de la jornada habitual, la institución advierte un riesgo inminente: “el trabajo excesivo de los peritos, más allá de la jornada habitual de trabajo, puede desencadenar en fatiga, estrés laboral y sobre todo resultados poco fiables, afectando de forma directa a los operadores de justicia y a la ciudadanía, que además de requerir una pronta entrega de la persona fallecida, aspira además recibir el derecho de acceso a justicia”. Es decir, los errores en autopsias y peritajes podrían afectar procesos investigativos.