Teniente de Policía es investigado por cobrar hasta USD 3.000 por gestionar pases y traslados
La Fiscalía y Policía ejecutaron dos allanamientos, entre ellos un destacamento policial en el norte de Quito, como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.
Policías durante el alllanamiento de una UPC en el Circuito Iñaquito, en el norte de Quito, el jueves 27 de agosto de 2026.
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Fiscalía
Autor:
Redacción Primicias
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Un nuevo caso de presunta corrupción salpica a uniformados de la fuerza pública. La Fiscalía y la Policía allanaron este 27 de agosto dos inmuebles en Quito, entre ellos un destacamento policial, por un supuesto delito de tráfico de influencias.
El caso involucra a un teniente de Policía en servicio activo, quien es señalado por cobrar hasta USD 3.000 a cambio de gestionar pases y traslados para otros uniformados.
Según la investigación, habría utilizado cerca de 30 grupos de WhatsApp para contactar a unos 900 policías y ofrecerles estos trámites, informó la cadena Teleamazonas.
El caso es investigado durante cinco meses y llevó este jueves a allanamientos en su domicilio y también en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del circuito Iñaquito, en el norte de la capital.
Durante el operativo se incautaron dispositivos electrónicos, entre ellos, una laptop y un teléfono celular.
Una persona fue detenida con fines de formulación de cargos, informó la Fiscalía. Es decir, el teniente involucrado.
Las autoridades buscan determinar si existió una red de colaboradores, cuántas personas habrían pagado y si los traslados ofrecidos llegaron a concretarse.
Así operaba el teniente involucrado
El director de Asuntos Internos de la institución, Joffre García, explicó que el oficial detenido se habría presentado como analista de Talento Humano y administraba unos 30 grupos de WhatsApp, con alrededor de 30 integrantes cada uno, para ofrecer cambios de destino a otros policías.
El agente habría difundido falsos listados y telegramas de traslado y solicitado pagos de entre USD 600 y USD 1.000, aunque en algunos casos las cantidades habrían alcanzado los USD 3.000. La mayoría de los trámites ofrecidos, sin embargo, no se habría concretado.
La Fiscalía investiga ahora a posibles colaboradores y cómplices de la presunta estructura, así como el origen de la información confidencial a la que habría tenido acceso el detenido.
Las autoridades buscan determinar si la red contaba con información privilegiada sobre los procedimientos de relevos permanentes y periódicos, particularmente en unidades vinculadas al sistema penitenciario y a zonas fronterizas.
El caso revive un antiguo problema de corrupción dentro de la Policía ecuatoriana. En 2016, 15 personas fueron sentenciadas por una estructura dedicada presuntamente a la venta de pases policiales, entre ellas el entonces comandante de la institución, en el denominado caso Estrella Dorada.
En aquella investigación, los pases eran ofrecidos por valores de entre USD 900 y USD 2.000.
El nuevo caso se conoce, además, menos de un mes después de que, el 2 de agosto, Asuntos Internos de la Policía abriera un expediente administrativo contra un agente por haber exigido USD 300 para liberar a un joven en Guayaquil.
Un servidor público denunció en la Fiscalía a un policía, luego de que supuestamente le exigiera dinero para no apresarlo por "faltarle de palabra". El uniformado cumple arresto domiciliario.
En Ecuador, la pena por el delito de concusión es de tres a cinco años de prisión. Esta sanción está tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y aumenta de cinco a siete años si el servidor público exige el pago mediante violencia o amenazas.
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