Gobierno rechaza condena de 17 años contra dos policías por presunta extralimitación en Quito
El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó la sentencia impuesta a los policías Diego Trujillo y Leonardo Montalvo y aseguró que el Gobierno respaldará a los agentes mientras se tramita la apelación del fallo.
De izquierda a derecha: el sargento primero Diego Trujillo, el ministro del Interior, John Reimberg; el comandante general de la Policía, Pablo Dávila; y el cabo primero Leonardo Montalvo.
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Ministerio del Interior
Autor:
Redacción Primicias
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Cuatro días después de que la Policía Nacional anunciara que apelará la sentencia dictada contra dos de sus agentes por el presunto delito de extralimitación en un procedimiento ocurrido en Quito en 2016, el Gobierno expresó su rechazo al fallo judicial y ratificó su respaldo a los uniformados.
Los procesados son el sargento primero Diego Trujillo y el cabo primero Leonardo Montalvo. Ambos fueron sentenciados a 17 años y cuatro meses de prisión tras abatir a un sospechoso de robo en el sector de El Bosque, en el norte de Quito.
El 24 de septiembre de 2016, Trujillo y Montalvo se movilizaban en un patrullero cuando recibieron una alerta sobre el robo de motocicletas a guardias de seguridad.
Al iniciar una persecución contra los sospechosos, que huían en una motocicleta, se produjo un enfrentamiento armado en el que uno de los presuntos asaltantes murió por disparos efectuados por Trujillo.
Una cámara de videovigilancia registró la actuación de los policías durante el operativo. Ese material formó parte de las pruebas analizadas dentro del proceso judicial que terminó con la condena de ambos agentes.
"No van a doblegar a las fuerzas del orden"
Este 5 de junio de 2026, en una cadena nacional, el ministro del Interior, John Reimberg, apareció junto a Diego Trujillo, Leonardo Montalvo y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Durante su intervención, sostuvo que los uniformados cumplieron con el deber que les asigna la Constitución: "proteger a los ciudadanos y enfrentar a la delincuencia".
Reimberg afirmó además que, en otros casos, asesinos, violadores y sicarios han logrado evadir condenas similares a la impuesta a los agentes, por lo que cuestionó la actuación del sistema judicial, al que calificó de "debilitado y corrompido".
"No van a doblegar a las fuerzas del orden. No van a sembrar miedo en quienes visten uniforme para defender a los ecuatorianos".
John Reimberg, ministro del Interior
Durante su mensaje, el ministro también reveló los nombres del fiscal y de las juezas que participaron en la sentencia contra Trujillo y Montalvo. Según sostuvo, las autoridades judiciales optaron por sancionar a quienes arriesgan su vida para garantizar la seguridad ciudadana.
Madre de joven abatido cuestiona la legítima defensa
De acuerdo con la madre de Pablo Andrés Aguilar, de 19 años, quien murió durante este caso, el joven recibió "un disparo en la nuca" cuando fue interceptado por los policías Diego Trujillo y Leonardo Montalvo.
Según su relato, Aguilar y un amigo habían salido de una discoteca la noche del 23 de septiembre de 2016 y, cuando regresaban durante la madrugada del día siguiente, presuntamente fueron confundidos con otras personas que también se movilizaban en motocicleta por el sector de El Bosque.
La mujer sostiene que su hijo no participó en ningún hecho delictivo y cuestiona la actuación de los uniformados. Sin embargo, en una entrevista con TC Televisión, el sargento Diego Trujillo afirmó que actuaron en legítima defensa, activaron las balizas del patrullero y ordenaron a los sospechosos detenerse.
El 1 de junio de 2026, el Tribunal Penal de Iñaquito determinó, durante la audiencia de juicio, la responsabilidad de los agentes en el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y dispuso un aumento de la pena por la aplicación de una circunstancia agravante.
La sanción máxima prevista para este delito era de 13 años de prisión. No obstante, al considerar que la infracción fue cometida por dos o más personas, el tribunal impuso a ambos policías una condena de 17 años y cuatro meses de cárcel.
Además, los sentenciados deberán pagar una multa equivalente a 60 salarios básicos unificados y una indemnización solidaria de USD 25 000 a favor de la madre de la víctima, monto que deberá ser cubierto por partes iguales.
El proceso se encuentra aún en primera instancia. Tras el pronunciamiento oral del fallo, las partes están a la espera de la notificación de la sentencia por escrito.
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