Guayas lidera casos de trata de personas | Una red explotaba mujeres con falsas promesas de modelaje en Guayaquil

Lo que parecía una oportunidad en el mundo del modelaje se convirtió en una pesadilla de prostitución forzada que mantuvo cautiva por cinco días a una adolescente de 17 años, hasta la madrugada del sábado 25 de octubre de 2025, cuando agentes de la Policía la liberaron en el norte de Guayaquil. Se trata de uno de los casos más recientes de trata de personas en Ecuador.

Durante la acción se logró liberar a otras cuatro mujeres que terminaron siendo víctimas de explotación sexual en dos departamentos de Sauces 2 y 4, en el norte de la ciudad, según la Fiscalía. Un hombre de 21 años -John Erick F. M., ahora procesado por el delito de trata con fines de explotación sexual- ofrecía dinero a mujeres vulnerables para trabajar supuestamente como modelos.

Sin embargo, una vez que las víctimas ingresaban a los inmuebles, eran obligadas a prostituirse mediante engaños, coacción y amenazas, de acuerdo a los testimonios de las mujeres liberadas. El caso salió a la luz cuando un padre desesperado denunció la desaparición de su hija adolescente, de nacionalidad venezolana, quien llevaba cinco días desaparecida.

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Trata con fines de explotación sexual

De los 111 casos identificados en el país durante de enero a septiembre, 50 corresponden a explotación sexual -incluida prostitución forzada, turismo sexual y pornografía infantil-, lo que representa el 45% del total y convierte a esta modalidad en la forma más frecuente de trata de personas en Ecuador.

En un operativo conjunto entre Policía, Fiscalía y la internacional OUR Rescue se detuvo a mediados de octubre a 10 sospechosos implicados en trata de personas con fines de explotación sexual en Loja.

Entre ellos se encontraban los dueños y administradores de los hostales que habrían sido utilizados para cometer el delito. El caso se originó también tras el rescate de una adolescente, en 2024, y las víctimas eran reclutadas a través de redes sociales.

Guayas y Pichincha, epicentros del delito

• La provincia de Guayas encabeza los registros del delito de trata de personas en 2025 con 22 casos judicializados entre enero y septiembre, según datos del Ministerio del Interior. Y le sigue la provincia de Pichincha con 18 casos, El Oro con 7, Manabí con 6 y Azuay con 5.
• El desglose por modalidad muestra que 12 casos fueron identificados por explotación laboral (el 10,81%), cinco casos de reclutamiento forzoso (4,5%) y dos de mendicidad (1,8%).
• Las estadísticas de 2025 muestran que 86 de las 111 víctimas identificadas fueron mujeres, mientras que 25 eran hombres.
• En cuanto a la nacionalidad, las víctimas son mayormente ecuatorianas (70 casos), seguidas de personas de nacionalidad venezolana (24) y colombiana (3), lo que subraya la vulnerabilidad particular de las mujeres migrantes en la región.
• En junio pasado, nueve mujeres venezolanas rescatadas en Quito con apoyo de la organización internacional Our Rescue manifestaron ser explotadas y retenidas contra su voluntad, bajo amenazas de ser vendidas al Tren de Aragua. 
• Además se registraron 11 casos en Colombia y 10 en Brasil durante el mismo período, pues "el país se ha convertido en un punto de origen, tránsito y destino para la trata, con redes criminales que operan tanto a escala nacional como internacional", según un diagnóstico sobre Ecuador del Comité Internacional de Rescate (IRC) con sede central en Nueva York (Estados Unidos).
• "Las personas en movilidad humana, los niños, niñas y adolescentes, y la comunidad LGTBIQ+ están altamente expuestos a este riesgo, que incluso se agudiza en entornos virtuales", señala el organismo", señala el IRC, por sus siglas en inglés, sobre la trata de personas en Ecuador.  

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"La violencia criminal encubre redes delictuales"

Lidia Rueda, coordinadora general de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), dice que detrás del escenario de violencia criminal en Ecuador se ocultan otros delitos que pasan inadvertidos o quedan impunes, como la trata y la explotación sexual de menores.

“Detrás del delito de desaparición involuntaria hay otros delitos conexos”, explica Rueda. “Se llevan a niñas para la venta, para la prostitución, y también a menores para adopciones ilegales, donde incluso se altera la edad para cumplir con esos fines según hemos detectado en la Asociación”, dice.

Estos casos, agrega, quedan muchas veces relegados en las prioridades de investigación en medio de los altos índices de violencia en el país, lo que explica el repunte de delitos como desapariciones y trata de personas desde 2023. “Si no hay un abogado o una organización que acompañe y presione, los expedientes se pueden quedar allí, sin atención”, dijo Rueda.

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“Una víctima de trata de personas no vuelve a ser la misma. Queda con secuelas profundas y además suele ser señalada por la sociedad o su propio entorno”.

Lidia Rueda, Asfadec.

Ecuador enfrenta una crisis institucional que agrava la vulnerabilidad de las víctimas, agrega Rueda. “ No se trata solo de contar con leyes, sino de que las autoridades actúen sin intereses mezquinos”, enfatiza.

Hasta 19 años de prisión por agravantes

Durante el operativo por la adolescente explotada en la ciudadela Sauces en Guayaquil se incautaron preservativos, indumentaria utilizada por las víctimas, siete teléfonos celulares y documentación relacionada con la presunta red de explotación.

Los dispositivos móviles serán analizados para continuar con las indagaciones y determinar si existen más víctimas o cómplices, de acuerdo a los investigadores del caso. Las mujeres identificaron al sospechoso durante el operativo, lo que permitió su aprehensión inmediata.

Según los testimonios de las cinco víctimas en este caso, cuyas edades fluctúan entre 17 y 26 años, el procesado las captaba mediante engaños y ofertas de dinero para trabajar como modelos.

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El artículo 100, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la explotación sexual de personas en situación de vulnerabilidad -como adolescentes- se sanciona con 16 a 19 años de prisión.