Policía allana la sede de la organización Jatarishun, que exige se cumpla con la justicia indígena

La madrugada del viernes 25 de octubre, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de Cotopaxi recuperaron dos vehículos reportados como robados durante un allanamiento en la sede de la organización indígena Jatarishun, en Saquisilí.

Según el teniente coronel Luis Hidalgo, comandante de la Subzona de Cotopaxi, ambos automóviles estaban reportados como robados, uno desde 2004 y otro de este año, y fueron trasladados a los patios de retención vehicular bajo custodia de la Policía Judicial.

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Además, informó que la intervención se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de lo Penal de Saquisilí.

Durante el operativo, los uniformados localizaron un vehículo Chevrolet Sail y un camión, ambos con denuncias de robo. No se registraron detenciones durante el allanamiento.

Justicia indígena en entredicho

Por su parte, los dirigentes de la Jatarishun rechazaron la intervención y calificaron la acción como una violación al derecho de justicia indígena.

Segundo Guanoquiza, presidente de la organización, explicó en una rueda de prensa que el vehículo Chevrolet Sail estaba retenido como parte de un proceso de justicia indígena relacionado con una presunta estafa, proceso del cual, asegura, tenía conocimiento la Fiscalía.

"Somos 48 comunidades las que conformamos la Jatarishun; analizaremos las acciones a tomar tras los daños causados en nuestra sede", indicó el dirigente, al denunciar la destrucción de puertas y otras afectaciones en las instalaciones.

Patricio Sillo, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), calificó el operativo como una vulneración de los derechos de la justicia indígena.

Señaló que los vehículos estaban retenidos bajo garantía comunitaria y expresó su desconcierto al conocer que los propietarios habrían presentado denuncias por robo.

Anunció una asamblea provincial para el martes 29 de octubre, en la cual se discutirá la situación y las futuras acciones ante lo que consideran una intervención indebida por parte de la Policía y la Fiscalía en un espacio autónomo de justicia indígena.