La red de cámaras clandestinas que espiaba a la Policía en Santa Elena es desmantelada

Un megaoperativo en la provincia de Santa Elena dejó al descubierto una sofisticada red de videovigilancia clandestina instalada por grupos de delincuencia organizada (GDO) para espiar los movimientos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la península. 

Las cámaras, colocadas estratégicamente en postes de alumbrado público, vigilaban las principales vías de acceso, como la avenida Eleodoro Solórzano, arteria que conecta los cantones Santa Elena, La Libertad y Salinas. 

Juan Carlos Paladines, director general del ECU 911, explicó que estos hallazgos son fruto de una serie de operativos que se ejecutan en distintas zonas del país. 

“Estas cámaras están puestas por ellos en lugares estratégicos donde pueden visualizar la entrada y salida de los operativos que realiza tanto la Policía Nacional como los militares”, detalló Paladines. 

Además, los dispositivos servían para extorsionar y controlar los desplazamientos de las víctimas, a las que buscaban atemorizar con vigilancia constante.

En total, se desinstalaron 53 cámaras en la jurisdicción del cantón La Libertad. Ninguna persona se presentó para reclamar la propiedad de los equipos, aunque las autoridades dieron un plazo de 30 días para que los afectados presenten sus reclamos en la Central del ECU 911 en Samborondón.

La intervención se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo N.° 214, que establece directrices claras sobre la instalación, uso y comercialización de sistemas de videovigilancia en espacios públicos. 

En Santa Elena operan bandas como Los Choneros, Los Lobos y Los Lagartos, organizaciones criminales vinculadas a asesinatos, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas a través de puertos pesqueros y robo de combustible. 

Nuevas cámaras oficiales en camino

Paladines informó que sostuvo una reunión con el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, en la que se comprometieron a instalar nuevas cámaras de seguridad en zonas turísticas y puntos neurálgicos con mayor incidencia delictiva. El plazo máximo para esta implementación es de 90 días. 

Respecto al destino de las cámaras decomisadas, permanecerán retenidas hasta que aparezca algún responsable. Cumplido el plazo de 30 días sin reclamos, serán dadas de baja, ya que se trata de equipos caseros no compatibles con la interconectividad del sistema ECU 911. 

“Son cámaras caseras que no sirven para la interconectividad con el sistema ECU 911”, enfatizó el director general.

Con esta acción, las autoridades buscan desmantelar las herramientas de control territorial que usan las bandas para anticiparse a los operativos de seguridad y seguir fortaleciendo la vigilancia en la provincia.