La derrota 3-0 ante Cumbayá FC, la noche del viernes 25 de septiembre de 2026, consumó el descenso de El Nacional a Segunda Categoría. Más allá de la cancha, la debacle financiera del club afecta a trabajadores que entregaron décadas al club y luchan judicialmente por el pago de sus haberes.

Detrás de los 69 expedientes judiciales que son públicos, hay rostros como el de Manuel 'Careloco' Cortez, utilero presente en 13 títulos de El Nacional, que reclama USD 18.000 de jubilación patronal tras 48 años de servicio.

Se suman empleadas de cocina, contadoras con 33 años de labor y futbolistas que habrían sido presionados a firmar roles sin cobrar para evitar la resta de puntos. Sin presupuesto ni para adquirir licencias contables, los pasivos del club de los 'puros criollos' por USD 12 millones se registraban en simples tablas de Excel.

Mientras tanto, en los tribunales, los reclamos tienen un detalle legal. Amparados en la solidaridad patronal del Código del Trabajo y las reglas del Cogep, los demandantes no solo litigan contra el club, sino que persiguen los bienes personales de los exdirigentes como personas naturales.

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Los rostros del colapso

Manuel 'Careloco' Cortez entregó 48 años de su vida a El Nacional, entre 1967 y 2015, celebrando 13 de los 14 títulos nacionales del club. Tras su retiro, la institución dejó de pagarle su pensión jubilar patronal, acumulando una deuda de USD 18.000 correspondiente a ocho años de atrasos no depositados.

En su vivienda en Quito, rodeado de medallas, fotos en sepia y camisetas, conserva el recuerdo de su esposa Lucía Albarracín, fallecida en 2018 con alzhéimer. Durante 20 años, ambos albergaron en una construcción aledaña a su hogar a juveniles como Christian Benítez y Pedro Quiñónez, preparándoles el desayuno desde las 05:00.

Tras esperar infructuosamente soluciones en la sede del equipo, Cortez presentó una demanda en enero de 2026. A su reclamo se suma el de Leandro 'Correcaminos' Simbaña, fisioterapeuta recordado por su ingreso veloz a la cancha, quien obtuvo un mandamiento de ejecución firme por USD 57.513 en la causa 17371-2025-03064.

La extitular de contabilidad, Rocío Bastidas, trabajó 33 años en el club con un sueldo de USD 1.894. El Ministerio del Trabajo le fijó una pensión jubilar de USD 511 que se suspendió en enero de 2020. En su juicio firmó un acuerdo por USD 25.699 que el club volvió a incumplir, activando el embargo de los derechos de televisión.

En situaciones similares están el exmensajero Mario Vega, con 29 años de servicio y una orden de cobro por USD 27.500; la exempleada de cocina María Chalá Arce, con mandamiento por USD 15.189 en la causa 17371-2020-04202; y el exutilero Diego Proaño, con ejecución por USD 27.097.

Asimismo, el grupo de expersonal administrativo integrado por Olivia Gordon, Byron Lozada y Galo Fernández enfrentó un proceso de tres años por el impago de un finiquito de USD 35.000. 

Tras el archivo formal de sus causas iniciales en 2023 y 2024, Gordon logró la cancelación de sus haberes en marzo de 2026 dentro del expediente 17371-2025-00918.

La crisis laboral se siente en la cancha

El impacto de los impagos afectó de forma directa al plantel profesional. En 2025, el futbolista Jonathan Borja reveló en zona mixta que acumulaba nueve meses sin percibir su remuneración, señalando que varios de sus compañeros de equipo sufrieron el desalojo de sus viviendas al no poder pagar el arriendo.

Esta realidad repite pasajes de 2020, cuando los jugadores Pedro Quiñónez, Hólger Matamoros y Luis Congo encararon a la directiva tras admitir que firmaron roles de pago sin haber cobrado entre cuatro y seis meses de sueldo, con el propósito de evitar la resta de puntos en la tabla de posiciones del campeonato nacional.

En 2024, el defensor Anthony Bedoya hizo pública su molestia con el presidente Marco Pazos, luego de que la dirigencia prometió entregar el 100% de la taquilla de la semifinal de la Copa Ecuador para saldar sueldos atrasados, pero posteriormente aplicó descuentos por gastos operativos del estadio Atahualpa.

El informe del interventor Juan Manuel Aguirre expuso contrataciones fuera de mercado para la Serie B, con sueldos de entre USD 6.000 y USD 8.000 mensuales. Entre las obligaciones consta la deuda con el futbolista Charles Vélez, cuya acreencia escaló de USD 250.000 a USD 300.000.

Al asumir la intervención en julio de 2026, Aguirre halló a seis empleados trabajando sin sueldo desde inicio de año y a seis personas del área administrativa sin contrato desde hace dos años. La entidad sobrevivía con ingresos de USD 40.000 mensuales de los socios del club frente a un gasto operativo de USD 110.000.

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¿Exdirigentes en la mira?

Según los documentos judiciales revisados por PRIMICIAS, las demandas contra El Nacional rebasaron la esfera de la persona jurídica. Amparados en el artículo 41 del Código del Trabajo, que estipula la responsabilidad solidaria de los empleadores, los excolaboradores citaron a los expresidentes por sus propios y personales derechos para responder con su patrimonio particular.

Las reglas establecidas en el artículo 142 del Cogep facultan a las presuntas víctimas a dirigir sus demandas laborales tanto a la entidad como a las personas naturales que ejercieron la representación legal al momento de generarse las obligaciones contractuales o los despidos.

Esto ya pasó en el área comercial; las acciones judiciales apuntan a las finanzas privadas de los administradores. En los contratos de venta de vehículos de Automotores Continental y en los créditos con el Banco General Rumiñahui, los acreedores exigieron que los directivos firmaran como codeudores solidarios.

Esta condición contractual permite que las órdenes de embargo y retención bancaria recaigan no solo sobre los bienes del club, sino también sobre las cuentas particulares de los dirigentes firmantes.

En el ámbito deportivo, el artículo 153 de la Ley del Deporte fija sanciones de inhabilitación por el doble del tiempo de su mandato para los directivos que omitan presentar estados financieros auditados, balances de gestión o que no convoquen a elecciones en los plazos estatutarios.

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Lucía Vallecilla, presidenta entre 2019 y 2023, consta demandada solidariamente como persona natural en los juicios laborales de Diego Proaño, María Chalá, Mario Vega, Rocío Bastidas, Edgar Quiñónez y Byron Calucho, además de figurar como codeudora en las demandas de Automotores Continental y Banco General Rumiñahui.

Paralelamente, Vallecilla interpuso un reclamo judicial contra el club exigiendo la devolución de USD 780.739 por supuestos préstamos directos. La expresidenta registró una sentencia de cinco días de prisión por contravención verbal, inhabilitación del Ministerio del Deporte e investigaciones en LigaPro por audios sobre contratos dobles.

Su sucesor, Marco Pazos, presidente entre 2024 y 2025, enfrenta demandas solidarias a título personal en las causas laborales de Vicente Vallejo, Mario Ortiz, Carlos Luis Orellana, Bolívar Puente, Paúl Estrella y Leandro Simbaña. Pazos renunció a la presidencia en diciembre de 2025 tras la resta de puntos.

El general Ricardo Cajas, quien asumió en diciembre de 2025 y dimitió en mayo de 2026, figura citado por sus propios derechos en los juicios laborales planteados en 2026 por Néstor Espinosa, Joselyn Álvarez, Karla Alomía y Cosme Jumbo.

El cerco judicial incluye a otros exdirigentes. El exvicepresidente Jorge Almeida y el exgerente financiero Julio Estrella constan demandados en los procesos de Rocío Bastidas y Mario Vega. Asimismo, Jorge Yunda y Byron Lozada fueron citados bajo los artículos 36 y 41 del Código del Trabajo en la demanda de Carlos Orellana.

La crisis de El Nacional es profunda. No solo tiene problemas en la cancha, sino que las dificultades se riegan por todos los orificios posibles. El siguiente paso del club militar será convocar a elecciones para elegir una nueva directiva. El nuevo presidente asumirá un camión cargado de problemas, que tendrá que lidiar con este escenario, pero en el infierno de la Segunda categoría.