Atrás quedaron los años de la ‘Máquina Gris’, ‘La Gloria del fútbol’, ‘La Muralla Negra’ y los tricampeonatos. Hoy El Nacional está a un empate de descender a la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano.

Si el equipo criollo empata o pierde contra el Cumbayá la noche del viernes 25 de septiembre, la pérdida de categoría se habrá consumado. Pero esa no es la única crisis que agobia al club, que a nivel judicial no pasa tampoco sus mejores horas.

Mientras la atención deportiva se centra en el duelo decisivo, la asfixia económica del equipo, 13 veces campeón nacional, se tramita en los tribunales ordinarios mediante al menos 69 causas que mantienen congeladas sus cuentas bancarias e ingresos.

Detrás de un déficit institucional que alcanza los USD 12 millones, los expedientes del sistema Satje exponen mandamientos de ejecución por más de USD 1,4 millones, el embargo del complejo El Sauce en Tumbaco y la retención de sus derechos de televisión.

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Acreedores ponen la mira en Tumbaco y la TV

En materia económica y financiera, El Nacional tiene dos frentes abiertos. Por un lado, se encuentra el ámbito deportivo, administrado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la FIFA; por otro, la justicia ordinaria ecuatoriana.

En el frente deportivo, las sanciones que provocaron la pérdida de puntos y el descenso de categoría, según la dirigencia, responden a unos 100 expedientes administrativos en la FEF y bloqueos de inscripción de futbolistas en la FIFA.

Entre las acreencias deportivas pendientes constan reclamos de los exfutbolistas y técnicos Omar Asad por USD 380.000, Juan Girardengo por USD 120.000, Juan Grabowski por USD 10.000 y los derechos del jugador Franklin Carabalí reclamados por Estudiantes de Mérida por USD 160.000.

En la Función Judicial, el pasivo del club es más preocupante. En la asamblea de socios del 29 de enero de 2024, el representante legal temporal de la época, Fred Larreátegui, transparentó un pasivo acumulado de USD 7,2 millones.

Dicho balance desglosaba deudas por sueldos no pagados por USD 2,2 millones, proveedores por USD 1,9 millones, instituciones por USD 1,9 millones, préstamos de directivos concedidos entre 2019 y 2022 por USD 773.458, acreencias bancarias por USD 314.590, cuentas por pagar por USD 529.000 y pasivos en procesos judiciales por USD 685.299.

Sin embargo, los archivos judiciales revisados por PRIMICIAS muestran que los procesos judiciales van más allá de esa cifra y apuntan a los activos más valiosos de los puros criollos. En el Sistema de Trámite Automático Judicial (Satje), figuran 69 casos de distintas materias, aunque Juan Manuel Aguirre, actual administrador del club, dice que son unos 90 juicios.

La medida cautelar de mayor impacto sobre el patrimonio de la entidad recae sobre su centro de entrenamiento en Tumbaco. En el juicio seguido por Kléver Oviedo, la Unidad Judicial Civil de Iñaquito ordenó el embargo del predio.

La acción se originó en la ejecución de un acta de mediación incumplida por un capital inicial de USD 85.419, cuya liquidación ascendió a USD 92.424 más intereses.

El 19 de marzo de 2026, funcionarios judiciales y la Policía Nacional colocaron candados en los accesos al complejo. El 13 de abril de 2026, un grupo de socios alcanzó un acuerdo directo con la defensa legal del acreedor para retirar las cadenas y reabrir las instalaciones.

Sin embargo, la medida cautelar de embargo no ha sido cancelada en el registro de la propiedad o, al menos, esto no ha sido formalizado dentro del sistema judicial, donde el juzgado aprobó la pericia de avalúo comercial del predio, tasado en USD 9 millones, y mediante otro proceso seguido por Automotores Continental se notificó un segundo embargo sobre el mismo lote.

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Paralelamente, la liquidez de la institución fue afectada mediante el embargo de sus ingresos por derechos de transmisión televisiva.

Distintos juzgados laborales ordenaron al Secretario General de la LigaPro retener y consignar los valores asignados a El Nacional en el campeonato nacional a los acreedores.

Entre los embargos notificados consta la orden dictada en las causas a favor de Diego Proaño, María Chalá, Mario Vega, Rocío Bastidas y Leandro Simbaña, el histórico fisioterapeuta del primer equipo militar.

A la retención de sus ingresos audiovisuales se suma el bloqueo del sistema bancario mediante coactivas. El Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene tres procedimientos por obligaciones tributarias por USD 876.811, monto que escaló a USD 1 millón.

Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tramita dos coactivas por glosas patronales de USD 599.193, estimadas también en otro USD 1 millón.

Estas órdenes derivaron en la congelación de cuentas en el Banco General Rumiñahui, Produbanco, Credil y la Cooperativa 29 de Octubre, además del secuestro judicial de vehículos institucionales como el autobús y la prohibición general de enajenar bienes.

Los casos con sentencias y los que se vienen

Dentro del universo de causas en la Función Judicial, las obligaciones en etapa de apremio y mandamiento de ejecución firme -donde no existen recursos pendientes- superan los USD 1,4 millones. 

En el área de proveedores destaca la demanda de Automotores Continental, que exige la cancelación de USD 291.000 por el saldo derivado de contratos de venta de vehículos celebrados durante la administración de Lucía Vallecilla, más intereses acumulados.

Además, consta la causa iniciada por SBSports Agencia para el cobro de un pagaré a la orden por USD 106.234 de capital al 8,68% de interés. Pese a que las partes suscribieron un acuerdo para cancelar el saldo en 10 cuotas mensuales, el club incumplió los desembolsos.

El 14 de noviembre de 2025 se dictó el mandamiento de ejecución por un total de USD 115.051, y el 2 de junio de 2026 la secretaría del despacho sentó razón de que la institución no ha realizado abono alguno.

Asimismo, la expresidenta Vallecilla Suárez interpuso un reclamo judicial exigiendo el pago de USD 780.739. Esta deuda corresponde a préstamos entregados a la institución, intereses de mora, honorarios profesionales y por gastos de peritaje.

Además, hay otros casos ya juzgados por cobros de bienes y servicios prestados al club. Segundo Tupiza obtuvo orden de cobro por USD 14.500 por trabajos de mantenimiento en el sistema de bombas del complejo. A este se suman procesos que van de los USD 2.875 a los USD 4.128 por pagos de honorarios de distintos rubros.

A esto se suman las liquidaciones laborales por actas no canceladas. Karla Alomía demandó la ejecución de un acta de finiquito firmada en diciembre de 2025. El juzgado verificó que la institución solo abonó la primera cuota, por lo que aplicó la tasa de interés del 7,76% sobre el capital vencido de USD 23.731, liquidando un saldo exigible de USD 24.271.

En situaciones idénticas figuran Mario Ortiz, Vicente Vallejo y Leandro Simbaña con órdenes de pago que suman USD 80.340.

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A la presión de los mandamientos de ejecución firmes se suma un bloque de ocho causas que actualmente cursan su fase inicial de trámite y conocimiento procesal en las Unidades Judiciales de Quito. 

Entre estas acciones destacan los reclamos laborales de ejecución de actas iniciados por Sara Carvajal, Guido Coello. En la misma fecha (septiembre 2026), la Unidad Judicial Laboral calificó e ingresó a la oficina de citaciones la demanda sumaria por despido intempestivo planteada por Cosme Jumbo Granda en la causa 17371-2026-01763.

Los pocos pagos cumplidos y los archivos

En el registro de la Función Judicial, únicamente tres expedientes han concluido su trámite por la vía de la extinción total de las obligaciones reclamadas, es decir, con el pago completo de El Nacional.

La única causa laboral cerrada mediante cobro judicial forzoso corresponde al juicio tramitado por Edgar Quiñónez en la Unidad Judicial Civil de Riobamba. El 13 de noviembre de 2025, el juez de la causa declaró extinguida la obligación por solución o pago, tras comprobarse que el trabajador cobró los USD 16.805 pendientes.

Las otras dos causas archivadas se resolvieron mediante transacciones procesales. En el proceso para la ejecución de un acta por USD 35.000 presentada por Olivia Gordón, la Unidad Judicial de Trabajo resolvió el recurso de apelación de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Pichincha y dictó el 12 de marzo de 2026 el auto de archivo definitivo por extinción del saldo adeudado.

El tercer caso cerrado concierne al juicio impulsado por Wilson Llerena por el cobro de facturas. En la audiencia del 28 de abril de 2026, el demandante y la representación legal de El Nacional suscribieron una conciliación que fue aprobada por el juez para la cancelación fraccionada de USD 2.333.

Otro grupo de las 69 causas contra El Nacional, según los registros del sistema Satje, fue archivado. Esto no significa por sí mismo que esas deudas sean saldadas o condonadas por los acreedores.

La revisión de los documentos judiciales evidencia que el archivo responde a que el demandante no aclaró ni completó los requisitos formales de la demanda en el término de cinco días. Por lo que varias de esas causas se volvieron a presentar o pueden reactivarse en cualquier momento.

Un ejemplo de este ciclo es el caso de Segundo Tupiza, cuyo primer juicio fue archivado el 11 de julio de 2025. Tupiza volvió a ingresar la demanda, logrando la admisión del reclamo y la orden de cobro por USD 14.500.

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