Ecologistas exigieron el fin de la minería en el Chocó Andino con un plantón frente a la Corte Constitucional

Representantes de grupos ecologistas participaron este 20 de agosto en un plantón ante la Corte Constitucional para pedir a esa institución que vigile el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las urnas en 2023, para evitar la explotación minera en el Chocó Andino, una zona de alta biodiversidad de Quito.

La cita se convocó para presentar una carta y documentos con respaldos a la Corte Constitucional a fin de pedirle que cumpla con su misión de vigilar y exigir a las autoridades competentes que se aplique la disposición ciudadana de agosto pasado.

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El lunes, organizaciones ecologistas ofrecieron una rueda de prensa para exigir a las autoridades de Ecuador la eliminación de las concesiones mineras de los mapas del Chocó Andino, donde una consulta popular en 2023 prohibió nuevas concesiones mineras en el sector.

El 20 de agosto pasado, la población de Quito, con un 68% de apoyo en una consulta popular, decidió prohibir la explotación de minería metálica en las 124.000 hectáreas que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, compuesta por las parroquias rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.

Según la organización Acción Ecológica este mandato se ha cumplido sólo de manera parcial, y que sigue siendo necesario que el Ministerio de Energía y Minas actualice y publique la información sobre el estado de las concesiones mineras en la zona.

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Además ven necesario proceder con la revisión de todas las concesiones mineras y la confirmación de que no se renovarán aquellas que ya caducaron o que no cuentan con la pertinente licencia ambiental.

Acción Ecológica exige a la Corte Constitucional que garantice el cierre de estos proyectos mineros y la reparación ambiental integral de los territorios donde actuaron.

Cuando se ganó la consulta, el Ministerio ya tuvo que eliminar las concesiones que se encontraban en trámite, pero aún restan otras 10.000 hectáreas, de las cuales la mitad estuvieron siendo operadas por las empresas de Melina Chango, Enami y Ecuamin, según representantes de Acción Ecológica, de "manera ilegal".