Gobierno ordena actualizar catastro minero y crea nuevo comité contra minería ilegal en Ecuador

Como una manera de enfrentar a la minería ilegal vinculada a organizaciones criminales en Ecuador, el presidente Daniel Noboa dispuso la creación de un Comité Nacional de Integridad del Sector Minero, y la actualización del catastro minero en un plazo de seis meses.

Así consta en el Decreto Ejecutivo 435 suscrito por el primer Mandatario este miércoles, 23 de octubre de 2024.

El documento precisa que dicho Comité se constituirá “con carácter permanente, como instancia encargada de la coordinación interinstitucional para la evaluación nacional de riesgos y oportunidades del sector minero; así como, de cualquier acción necesaria para contrarrestar las actividades ilícitas de recursos mineros y sus efectos”.

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Integrantes del nuevo Comité 

El Comité tendrá nueve integrantes, entre los que figuran los titulares o delegados de los ministerios de Gobierno, Defensa, del Interior, Transporte y Obras Públicas, Energía y Minas, Ambiente, Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Además de la Secretaría General de Integridad Pública.

En tanto que la Agencia de Regulación y Control Minero, la Aduana, el Centro de Inteligencia Estratégica y el Ministerio de la Producción actuarán con derecho a voz, pero sin voto.

“En el plazo de dos meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto Ejecutivo, el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM) aprobará la metodología, la evaluación nacional de riesgos y oportunidades, y el primer Plan de Acción Estratégico para mitigar los riesgos encontrados y mejorar los resultados reflejados en la evaluación nacional de riesgos y oportunidades del sector minero”, señala.

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Plazo para actualizar castro minero

A su vez, Noboa dispone “al Ministerio de Energía y Minas; Ministerio del Ambiente; la Agencia de Regulación y Control Minero; y, otras instituciones vinculadas, la actualización inmediata y coordinada del catastro minero y de los riesgos correspondientes a las autorizaciones administrativas ambientales mineras, en un plazo no mayor a seis meses”.

“Este catastro deberá incluir el registro de concesiones, autorizaciones, licencias, registros, certificados y permisos otorgados, revocados y cancelados, de tal manera que se faciliten las acciones de control a cargo de cada institución”, precisa.

Asimismo, dispone a los ministerios de Ambiente, Energía y Minas, a la Agencia de Regulación y Control Minero, en colaboración con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, la coordinación de acciones, el ámbito de sus competencias, “para identificar actividades ilícitas de recursos mineros en todo el territorio nacional, que sean realizadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin contar con los títulos, autorizaciones, permisos o licencias, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente; y, el posterior inicio de sanciones administrativas que correspondan en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las acciones que hubiere lugar en materia tributaria, penal u otra”.

El Ejecutivo subraya en “la necesidad de que los organismos de seguridad intervengan en la detección de la explotación ilícita de minerales y con la colaboración de otras instituciones del Estado, corten el flujo financiero de la delincuencia organizada que amenaza a la población civil”.

Para más detalles sobre el Decreto, puede revisar el documento adjunto:

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