Estas son las ocho consecuencias de tener deudas vencidas en Ecuador, la más grave es caer en la insolvencia

Uno de los primeros efectos que el cliente verá al atrasarse en su cuota es que le comenzarán a cobrar una tasa de interés por mora, que es un interés adicional al interés regular que se paga por los préstamos.

Por ejemplo, si difiere con su tarjeta una compra a crédito por varios meses, el interés mensual que pagará será de alrededor de 16,3% anual. 

Pero, si se atrasa en una cuota, al mes siguiente, además del 16,3% de interés, en su estado de cuenta verá que tendrá que pagar un tasa de interés de mora de 5% anual sobre la cuota vencida.

A diferencia de la tasa de interés regular, el interés por mora va aumentando hasta el tope de 10% anual, a medida que más tiempo lleva el cliente atrasado. 

Chiriboga aclara que el interés por mora se calcula sobre el capital de la deuda vencida, no sobre los intereses generados, pues en Ecuador está prohibido el anatocismo, que es cobrar interés sobre interés.

Las instituciones financieras tienen la facultad de comenzar a hacer gestiones de cobranza al primer día de atraso de la cuota, explica Moreno. 

Las gestiones pueden ser llamadas, mensajes o correos electrónicos, en función del análisis del perfil del cliente que haga cada entidad, añade Moreno.

Sin embargo, estas gestiones de cobro que hacen las entidades tienen unas tarifas que se cargan como cobros al cliente. Mientras más alta es la deuda vencida y más tiempo ha pasado, más alta es la tarifa de cobranza.

Por ejemplo, un banco privado del país informa en su sitio web a los clientes que si la cuota vencida es menor a USD 100 y está atrasada entre 1 y 30 días, la tarifa de cobranza será de USD 7,34.

En cambio, si la deuda vencida es de más de USD 1.000 y lleva atrasada más de 90 días, la tarifa de cobranza es de USD 50,59.

Existen dos instancias en que una entidad financiera puede cobrar las deudas vencidas: la extrajudicial y la judicial.

La cobranza extrajudicial es cuando la entidad financiera, mediante sus propios medios, contacta al cliente para que pague la deuda atrasada.

Y la instancia judicial se da cuanto la entidad financiera decide interponer una demanda civil ante un juez, para exigir el pago de la deuda atrasada, dice Chiriboga.

También se considera una instancia judicial cuando se emprende un proceso de mediación mediante un centro de arbitraje y mediación.

"Llegar a instancias judiciales implica un gasto no solo para el banco o la cooperativa, porque tienen que incurrir en costos legales, también lo es para el cliente, que tiene que contratar un abogado para defenderse", agrega Moreno.

Si la entidad financiera decide que ya no va a seguir con las gestiones de cobranza por las cuotas vencidas, puede ejecutar la clausula del contrato de crédito que permite declarar toda la deuda vencida. Así, la entidad puede buscar cobrar al deudor todo el monto del préstamo por vía judicial, dice Chiriboga.

Una persona no puede ir presa por no pagar sus deudas a tiempo al sistema financiero.

Pero cuando una persona es demandada por la entidad financiera, se arriesga a que la entidad pida al juez que como una medida cautelar, se embarguen los bienes del demandado hasta que pague, explica Chiriboga. Incluso los bienes embargados pueden ir a remate.

Y, en cambio, si la deuda es con entidades públicas, como un banco público, estas pueden iniciar un proceso legal que se conoce como coactiva. En esta instancia hay solo dos vías: o paga la deuda o entrega los bienes para saldarla.

Cuando el titular de la deuda no paga a tiempo y las entidades financieras no logran contactarlo, también están facultadas a emprender acciones de cobranza a los garantes de las deudas.

"El garante es solidariamente responsable de la deuda, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que la cuota cayó como vencida", explica Chiriboga.

Las instituciones suelen agotar todos los medios de contacto que tienen del cliente y del garante para cobrar las deudas vencidas. 

Y, por lo general, las gestiones de cobro suelen ser más intensas en los primeros meses, pues a medida que más tiempo pasa, se vuelve menos probable que el cliente pague, dice Moreno.

Moreno explica que cuando las personas tienen deudas vencidas por varios meses también se empieza a deteriorar la calificación o score en el buró de crédito del cliente.

El "score" es un puntaje que elaboran los burós de créditos privados que existen en el país, con base en la información mensual que le reportan entidades como bancos y cooperativas. Es como una foto del comportamiento de pago mensual del cliente, aclara Moreno.

Los burós de crédito analizan la información y el comportamiento del cliente a través de modelos matemáticos y con eso elaboran el "score". Así, los bancos y cooperativas utilizan esos puntajes para decidir si aprueban o no nuevos préstamos a las personas o empresas. 

Una persona con un "score" bajo tiene pocas probabilidades de que le aprueben nuevos créditos.

Javier Velasco, gerente de Aval añade que solo se afecta el score del cliente en mora, no el de su garante. "Por resolución normativa de la Superintendencia de Bancos los burós no tienen la información de los garantes, solo de los titulares de la deuda", añade.

Cuando un deudor está involucrado en un proceso de cobranza judicial por no pagar sus deudas puede ser declarado como insolvente ante el juez, según lo que dispone el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos (Cogep). 

Se determina que una persona es insolvente cuando se comprueba que no tiene bienes suficientes para pagar las deudas en litigio.

De ahí que la principal consecuencia de ser declarado insolvente es que la persona ya no podrá manejar por su cuenta su bienes. El juez determinará que sean administrados por un síndico o liquidador, que tiene la responsabilidad de gestionar y liquidar los bienes para pagar a los acreedores.

La persona insolvente no puede hacer contrataciones a título personal y tampoco puede acceder a nuevos préstamos.

Según el Código, la insolvencia puede ser fortuita, culpable o fraudulenta.

Es fortuita la que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor; es culpable la ocasionada por conducta imprudente o disipada del deudor; y es fraudulenta aquella en que ocurren actos maliciosos del fallido para perjudicar a los acreedores.

Cuando la persona es declarada insolvente, esto se registra y la condición se puede mantener hasta por 10 años, dice Chiriboga. "La persona tiene que demostrar al juez que tiene la capacidad de volverse a hacerse cargo de sus bienes", añade.