Expropiaciones por el Quinto Puente generan resistencia en Guayaquil | "Nos quieren pagar lo que se les da la gana"

El desarrollo del proyecto vial de Quinto Puente, también conocido como Viaducto Sur, enciende alarmas en barrios populares del sur de Guayaquil, donde decenas de familias del Guasmo Sur se resisten a abandonar sus hogares.

La megaobra de infraestructura implica un masivo proceso de expropiación que amenaza con dejar a los moradores en la indefensión y eleva la amenaza de desalojo forzoso, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Se trata de un proyecto valorado en USD 900 millones, que según el Comité impactará a 400 familias entre propietarias e inquilinas del sector.

El epicentro del conflicto se concentra en una larga franja de la avenida Cacique Tomalá y en cooperativas aledañas como Derecho de los Pobres, Mariuxi Febres Cordero, Miami Beach y Eloy Alfaro.

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En el tramo de la avenida Cacique Tomalá los moradores registran más un un centenar de predios en proceso de expropiación. Los habitantes denuncian que el Estado pretende pagarles indemnizaciones muy por debajo del valor comercial de sus inmuebles, basadas en avalúos catastrales desactualizados.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) alegan que el proceso se apega a la ley y confirmaron a PRIMICIAS que las obras en la Cacique Tomalá arrancarán en mayo. En tanto, las familias denuncian que las compensaciones no cubren ni la mitad del valor de sus casas; colgaron grandes letreros de rechazo en sus fachadas: “Sin justo precio es confiscación (...) Detengan la expropiación”.

"Nos quieren pagar lo que se les da la gana"

Paola Fuentes, una de las afectadas en la cooperativa Derecho de los Pobres, cuenta con una casa de dos pisos, donde mantiene un negocio de venta de desayunos. A ella le notificaron que su vivienda había sido declarada de utilidad pública, el 22 de diciembre de 2025.

Fuentes explica que el Ministerio de Infraestructura le ofrece USD 22.000 de compensación por la expropiación, basándose en un avalúo catastral de 2024. Sin embargo, el avalúo municipal de 2025 asciende a USD 46.000 (solo por la planta baja). Fuentes estima que el valor real de su casa, con dos departamentos adicionales construidos en la planta alta, está entre los USD 80.000 y USD 90.000.

"Nos quitan nuestras casas y negocios. Vivimos de lo que tenemos aquí: restaurantes, farmacias, vulcanizadoras...".

Paola Fuentes, afectada por expropiaciones en el Guasmo Sur.

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El panorama es similar para María del Carmen Lozano, de 66 años, quien llegó al sector hace 43 años cuando era "puro lodo y monte, solo habían tres casas en el sector”. A ella le notificaron un pago de USD 20.000 (avalúo de 2024), cuando su avalúo municipal de 2025 es de USD 81.500.

“Yo vivo de los alquileres que tengo aquí. No quiero salir de mi casa, pero en últimas que nos paguen lo justo. Nos quieren pagar lo que les da la gana, no es justo. Es una injusticia”, dijo Lozano.

Los moradores tienen documentados casos de expropiaciones por USD 4.000, “que no cubren ni el valor del terreno”. Además, la cooperativa Miami Beach hay habitantes sin título de propiedad. El Guasmo se consolidó a partir de invasiones, que fueron regularizadas con los años por el Municipio de Guayaquil.

'Los reclamos se deben dirigir al Municipio'

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque, defendió la ejecución del proyecto argumentando que el Gobierno actúa bajo el estricto marco de la ley. Según Luque, las expropiaciones deben realizarse en función del valor catastral registrado en el Municipio de Guayaquil. Y subrayó que sobre esos avalúos los propietarios han venido pagando sus impuestos prediales.

“La entidad a la que se le debe reclamar no es el gobierno, se expropia en función del valor catastral que está registrado en el Municipio donde se ejecuta la obra (...) Si hay algún reclamo, es con el municipio por no haber avaluado bien"

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte.

Aunque el titular del MIT le aseguró a PRIMICIAS que están dispuestos al diálogo permanente con los afectados, fue enfático en que la obra del Quinto Puente "es un corredor logístico que va a ayudar a todo el país" y que por lo tanto no se detendrá.

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De hecho, confirmó que los procesos de expropiación de todo el proyecto deben terminar este año y que las obras en la avenida Cacique Tomalá, correspondiente al tramo 1 del proyecto, arrancará el próximo mes. “Ya hay expropiaciones que han sido pagadas, otras están en litigio, se están resolviendo y hemos ido avanzando. Son 140 predios que están avanzando satisfactoriamente”, dijo Luque.

El proyecto estratégico de Quinto Puente busca fortalecer la conectividad y la competitividad del comercio exterior, al facilitar la conexión del país con los puertos marítimos del sur de Guayaquil, donde se ubican tres de los que mueven más carga en Ecuador. Se espera descongestionar el tránsito pesado al suroeste y noroeste de Guayaquil, así como en sectores como la vecina parroquia La Aurora (Daule).

Derechos Humanos exigen indemnización justa y oportuna:

• El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil alertó en un informe que un potencial desalojo forzoso va en contra de las normativas internacionales, citando lo previsto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
• Las familias afectadas tienen derecho a una compensación económica justa y oportuna, apunta el organismo. El CDH anunció que acompañará a los perjudicados en sus reclamos.
• Si el desplazamiento es inevitable, la entidad pide garantías de una reubicación en condiciones seguras, con cercanía a fuentes de trabajo, que permita mantener o mejorar los niveles de vida actuales. Y reclaman que las familias sean informadas de forma clara, pues según los testimonios de los afectados el proceso de expropiaciones no habría sido debidamente socializado.