Municipio de Guayaquil rechaza suspensión de acreditación ambiental y cuestiona el debido proceso

El Municipio de Guayaquil calificó como injustificada la decisión del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) de suspender su acreditación como autoridad ambiental competente.

En una rueda de prensa ofrecida esta mañana de este jueves 16 de enero de 2025, Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Municipio, señaló que la medida carece de respaldo técnico y vulnera el debido proceso.

Según Tamariz, la suspensión se fundamenta en una auditoría de gestión realizada entre 2018 y 2024, que identificó presuntamente 105 irregularidades (o no conformidades mayores), con las que el Municipio no está conforme. 

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El Municipio ha cumplido con sus responsabilidades de control, seguimiento y sanción, atendiendo a más de 4.000 usuarios, señaló Tamariz. "Esta decisión afecta a la ciudadanía, y apelamos a que el Ministerio revise el proceso”, dijo. Es una cantidad enorme de usuarios para traspasar a otra entidad.

Los permisos ambientales se requiere para construir obras y ejecutar proyectos que puedan tener un impacto ambiental considerable, actividades comerciales e industriales de bajo, mediano y alto impacto. 

"Esta es una suspensión temporal  y en función de ello el Municipio de Guayaquil está presto para poder hacer todos los correctivos, en el caso de que así amerite, para poder dar cumplimiento a lo que el Ministerio así exija", dijo la funcionaria. "Buscamos que la suspensión sea levantada a la brevedad".

Entre las supuestas irregularidades se menciona la falta de uso de GPS durante las inspecciones, una afirmación que desmintió, argumentando que los equipos municipales cuentan con esta tecnología.

La funcionaria destacó que, mientras la suspensión permanezca vigente, al menos 80 trámites ambientales quedarán bajo la responsabilidad de la Prefectura del Guayas, aunque aún no ha habido contacto entre ambas instituciones.

También señaló que el Municipio tiene un plazo de ocho días laborables para presentar un plan de acción con medidas correctivas. La Municipalidad calificó la suspensión como “un ataque político disfrazado de auditoría técnica”.

El MAATE, por su parte, ha indicado que la decisión responde al incumplimiento del artículo 419 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, argumentando que su rol como autoridad ambiental nacional respalda la medida.