A cuatro años de la "guerra" contra las pandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele, cerca del 90% de las 93.000 personas arrestadas bajo el régimen de excepción permanece sin condena judicial; mientras el gobierno de El Salvador anuncia la liberación anticipada y condicional de detenidos.

Aunque la ofensiva gubernamental ha reducido los índices de criminalidad a mínimos históricos, organizaciones de derechos humanos mantienen fuertes críticas por los arrestos arbitrarios, las más de 500 muertes registradas en prisiones y el aislamiento prolongado de miles de detenidos.

Más de 10.500 condenas y miles de presos a la espera de un proceso

Durante una comparecencia ante el Congreso salvadoreño, el fiscal general Rodolfo Delgado detalló que su institución contabiliza poco más de 10.500 condenas firmes desde el inicio de las medidas de excepción.

La cifra de sentenciados representa apenas un 10% del total de capturados, dejando a una gran mayoría de los 93.000 aprehendidos a la espera de que sus casos avancen a la fase de juicio.

Delgado señaló que entre las resoluciones se registran 13 condenas a cadena perpetua por delitos graves como pertenencia a organizaciones terroristas, homicidios y feminicidios, además de 244 absoluciones y 10 sobreseimientos.

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Organizaciones civiles como Socorro Jurídico han estimado previamente que una tercera parte de las personas detenidas bajo estas medidas son inocentes, mientras que el Ejecutivo ha reconocido la excarcelación de unas 8.000 personas a las que califica dentro de un "margen de error" operativo.

El plan de liberación anticipada y los cuestionamientos de ONG

Frente a la saturación carcelaria y los cuestionamientos humanitarios, el presidente Nayib Bukele anunció la semana pasada que evalúa una liberación anticipada y condicional para unos 5.000 colaboradores "ocasionales" de las estructuras pandilleras.

Según el mandatario, los beneficiarios serían seleccionados de acuerdo con su nivel de colaboración y podrían ser integrados al programa penitenciario "Cero Ocio", que permite redimir penas mediante el trabajo en obras públicas.

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No obstante, sectores defensores de derechos humanos han cuestionado duramente la iniciativa bajo dos argumentos principales:

Coerción de las maras: Critican que se penalice la colaboración sin valorar la intimidación y la violencia con la que operaban las pandillas sobre las comunidades vulnerables.

Falta de independencia judicial: Señalan que la selección de quienes recuperarán la libertad recae sobre una comisión gubernamental y no sobre los tribunales de justicia, evidenciando una injerencia de poderes en el proceso.