El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reconfirmó los planes de su Gobierno para concretar la liberación anticipada y condicional de presos, detenidos durante la suspensión de las garantías constitucionales y las detenciones masivas de supuestos miembros de las pandillas (maras). Sin embargo aclaró que no será una medida generalizada.

El país centroamericano, que cuenta con 6,3 millones de habitantes, se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022 que ha dejado al menos 96.457 detenidos a los que el Ejecutivo acusa de pertenecer a las pandillas o colaborar con las ellas. Sumando un total de 120.956 presos.

Con esa agresiva estrategia, el país logró sostener la reducción de las cifras de violencia, que en 2015 alcanzaron los 103 homicidios por cada 100.000 habitantes y llegaron a 1,3 en 2025. Esta es la más extrema y rápida registrada en el mundo.

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Según un gráfico que presentó el mismo Bukele, sobre la distribución de la población carcelaria relacionada únicamente con las maras, 42.125 son "homeboys" (miembros plenos de las pandillas), 25.910 son "miembros no brincados" que aspiran a llegar a lo más alto de la escala pandillera, 17.793 son "paros" o colaboradores voluntarios habituales y 10.629 serían colaboradores casuales.

El Presidente salvadoreño explicó que "de esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50% pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformados, en lugar de esperar diez años para que salgan más criminales".

La decisión llega a cuatro meses de una nueva elección presidencial, tras la que Bukele prevé iniciar un tercer periodo consecutivo, después de que la bancada oficialista destituyerá al Tribunal Constitucional para imponer uno nuevo que permitió la modificación de la Constitución y la participación consecutiva de Bukele.

Además, en el contexto de la implementación del régimen de excepción, organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias de atropellos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según las denuncias.

Y algunas organizaciones de derechos humanos han señalado, en reiteradas ocasiones, que muchas de esas se trataron de jóvenes en condición de vulnerabilidad y estigmatización por su lugar de procedencia, pero sin vínculo con las pandillas.

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"Durante años, las organizaciones de derechos humanos hemos insistido en que se revisen los casos de personas inocentes detenidas. Por eso han atacado nuestro trabajo. Hoy el Ejecutivo admite de forma velada su error, pero con un lenguaje confuso", dijo Abraham Ábrego, director legal de la reconocida organización humanitaria Cristosal.

Ábrego analizó que el Mandatario "no habla de inocentes, sino de 'colaboradores de pandillas', para evitar nombrar a los inocentes que él mismo antes llamó 'margen de error' y que dijo, sin respaldo, que rondaban los 8.000".

La tasa de presos en El Salvador se situó en 1.963 privados de libertad por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025, y se registró un hacinamiento carcelario de un 261%, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).

Las réplicas en la región

Después del giro a la derecha que ha vivido América Latina, el primer gobierno en concretar sus ofertas de replicar el 'modelo Bukele' fue el de Daniel Noboa en Ecuador. El Mandatario ecuatoriano prometió construir megacárceles, similares al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y con "la misma gente" que trabajó en El Salvador.

Y, aunque nunca se habló oficialmente de una colaboración con la 'gente' de Bukele, en noviembre de 2025 fueron trasladados los primeros 300 presos rapados y uniformados, bajo custodia militar, como en las impactantes imágenes del Cecot, a la nueva 'Cárcel del Encuentro' en la costera provincia de Santa Elena, construida con un presupuesto de USD 52 millones y con una capacidad para 800 reos. 

El segundo país en copiar la idea fue Costa Rica. Este 15 de octubre de 2026, la presidenta Laura Fernández inauguró el Centro de alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), con una capacidad para 5.100 reclusos.

La Mandataria costarricense agradeció la asistencia técnica de El Salvador para su proyecto carcelario, que alcanzó un costo de USD 35 millones.

A estos jefes de Estado se suman los recién llegados Abelardo De la Espriella, en Colombia, y Keiko Fujimori, en Perú. El primero prometió construir 10 megacárceles y la segunda ofreció cinco. Todos inspirados en el 'modelo Bukele'.

La primera megacárcel colombiana será llamada Renacer, estará "en medio de la nada" en el Magdalena (norte), lejos del mar Caribe, y tendrá capacidad para 1.974 presos que estarán en total aislamiento. Se trata de un proyecto iniciado por Iván Duque, pero que quedó paralizado por falta de fondos. 

Y el chileno José Antonio Kast no ha hablado de construir cárceles, pero sí pidió colaboración a Bukele para mejorar el sistema penitenciario de su país y en agosto pasado trasladó 300 presos de alta peligrosidad a la cárcel “La Laguna” de Talca, inaugurada por su predecesor Gabriel Boric.