Contraloría detecta perjuicio de USD 9 millones en Unidad de Almacenamiento
En la empresa pública liquidada se identificaron deficiencias en la administración de bodegas y en las gestiones para cobrar cartera vencida, entre otros problemas.
Trabajadores de la Unidad Nacional de Almacenamiento en una fotografía de archivo
UNA
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Entre 2018 y 2023 hubo falencias en el manejo de la liquidada Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), que ocasionaron un perjuicio cercano a los USD 9 millones, según la Contraloría General del Estado.
En un informe divulgado el 24 de noviembre de 2023, el organismo de control estableció que, en los últimos cinco años, la UNA tuvo dificultades para recuperar arroz de la reserva estratégica, de la empresa que contrató para almacenarlo.
Además, no se impusieron multas al contratista y se identificaron deficiencias en la administración de bodegas y en las gestiones para cobrar cartera vencida.
Las operaciones auditadas para este informe se efectuaron entre julio de 2018 y marzo de 2023.
La Contraloría General del Estado examinó las operaciones administrativas, financieras y los procesos de liquidación, cierre y transferencia de activos y pasivos de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Las inconsistencias detectadas
El organismo de control determinó que la compañía contratada en 2019 para prestar el servicio de almacenamiento y conservación de arroz pilado de la reserva estratégica del país, al finalizar el contrato no devolvió a la Unidad Nacional de Almacenamiento la gramínea y subproductos valorados en USD 2,9 millones.
El informe de auditoría señala que debido a la demora en la devolución y por las dificultades para realizar la constatación física del arroz y los subproductos, en octubre de 2022 el liquidador de la UNA EP presentó ante la Fiscalía de Daule una solicitud de actuación fiscal urgente.
Aquello originó que la Policía allane las instalaciones de la piladora, pero en el lugar no estaban almacenados los 196.278 quintales con productos de la empresa pública.
El contratista incumplió durante 1.036 días el cronograma de entregas de los productos a su cargo y no observó sus obligaciones contractuales, como rotar continuamente el producto para cuidar su calidad y preservación.
Sin embargo, los administradores del contrato no impusieron multas por USD 145.754 ni solicitaron la terminación unilateral del contrato.
La auditoría también realizó observaciones sobre la administración de los bienes.
En ese ámbito identificó diferencias por USD 5’832.901 entre los saldos contables y el stock real en las bodegas, sin que en los registros de la UNA consten egresos o bajas del inventario que justifiquen el uso de las existencias.
El equipo de control tampoco encontró documentos que evidencien la ejecución de constataciones físicas a las bodegas de la UNA entre 2018 y 2022, según Contraloría.
Sobre las gestiones de cobro, el informe del examen especial indica que, al 31 de marzo de 2023, la UNA EP tenía facturas vencidas por hasta 1.922 días, que ascendieron a USD 123.008.
El equipo de control concluyó que los funcionarios no habrían emitido las órdenes de cobro oportunamente, tampoco agotaron los medios para notificar a los deudores ni iniciaron los trámites de ejecución coactiva, ocasionando que la entidad no cuente con recursos para el cumplimiento de sus objetivos.
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